La Guardia Civil ha detenido a dos mujeres en Santa Pola por ejercer como médicas sin contar con la titulación homologada, en una operación que ha destapado una actividad ilegal que ponía en riesgo la salud de los pacientes.
Las detenidas están acusadas de intrusismo profesional, falsedad documental, delitos contra la salud pública, estafa y hurto, tras realizar tratamientos invasivos y suministrar medicamentos mediante recetas falsificadas.
Tratamientos sin control sanitario en domicilios
La investigación, denominada operación “Ribosoma”, se inició a principios de marzo tras la denuncia de la responsable de una clínica de Santa Pola, que alertó de posibles prácticas irregulares y de la desaparición de dinero.
Las pesquisas confirmaron que la principal investigada atendía a pacientes tanto en su domicilio como en el de las víctimas, donde llevaba a cabo tratamientos médicos sin ningún tipo de control sanitario.
Entre las prácticas detectadas se incluían la administración de sustancias psicotrópicas por vía intravenosa y tratamientos estéticos anti-edad, realizados sin supervisión médica ni garantías de seguridad.
Recetas falsificadas y medicamentos ilegales
Los agentes identificaron además a una segunda mujer implicada en la actividad delictiva, encargada de falsificar recetas médicas para facilitar la adquisición de medicamentos en farmacias.
Según la investigación, ambas obtenían los fármacos tanto mediante recetas fraudulentas como a través de envíos desde el extranjero, lo que les permitía distribuirlos fuera de los canales legales.
Varios afectados y posible ampliación de la investigación
Hasta el momento, se han identificado al menos cinco personas que habrían sido tratadas por la falsa médica, aunque la Guardia Civil no descarta que el número de víctimas pueda aumentar.
Las detenidas fueron puestas a disposición del juzgado de instrucción de Elche, que ha decretado su puesta en libertad con medidas cautelares.
Llamamiento a posibles víctimas
La Guardia Civil ha solicitado la colaboración ciudadana para identificar a posibles afectados, instando a quienes hayan recibido tratamientos de estas personas a acudir a cualquier cuartel o contactar a través del teléfono 062.
El caso pone de relieve los riesgos del intrusismo sanitario y la importancia de acudir siempre a profesionales cualificados para evitar graves consecuencias para la salud.
