El Gobierno activa un plan nacional para prevenir y sancionar la corrupción en instituciones y partidos
El Gobierno ha presentado el Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, una estrategia integral que incluye la creación de una Agencia Independiente de Integridad Pública, auditorías obligatorias a partidos, control a empresas corruptoras, decomisos sin condena y el uso de inteligencia artificial en contratación pública.
El Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción incluye la creación de una Agencia Independiente de Integridad Pública, auditorías obligatorias a partidos políticos, penalización a empresas corruptoras y uso de inteligencia artificial en contratación pública.
El Gobierno de España ha presentado el Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, una estrategia integral con 15 medidas dirigidas a prevenir, detectar y sancionar los delitos de corrupción. Entre las principales acciones destaca la creación de una Agencia Independiente de Integridad Pública, encargada de coordinar, supervisar y evaluar el conjunto de actuaciones contempladas en el plan.
El anuncio se realizó el pasado 9 de julio durante la comparecencia del presidente Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, y representa el mayor impulso institucional contra esta lacra desde la restauración democrática. El plan ha sido elaborado junto con la OCDE, el GRECO del Consejo de Europa, la Comisión Europea y la sociedad civil a través del Foro de Gobierno Abierto.
Entre los cinco ejes principales del plan se incluyen:
Prevención y control de riesgos de corrupción en las administraciones.
Protección efectiva de denunciantes con nuevos canales de alerta.
Refuerzo del sistema judicial para investigar, juzgar y sancionar estos delitos.
Recuperación de activos procedentes de actividades ilícitas.
Fomento de una cultura de integridad entre ciudadanía, empresas y organismos públicos.
Las medidas clave incluyen:
Creación de la Agencia Independiente de Integridad Pública como órgano coordinador.
Uso de Big Data e inteligencia artificial para mejorar la Plataforma de Contratación del Sector Público.
Auditorías obligatorias a partidos con financiación pública superior a 50.000 €, y publicación de donaciones a partir de 2.500 €.
Listas negras de empresas corruptoras, penas más duras y modificación del Código Penal.
Creación de un sistema de decomiso administrativo o preventivo que permite incautar bienes sin necesidad de condena previa.
Refuerzo de la Fiscalía Anticorrupción y creación de secciones especializadas en cada tribunal.
Formación de empleados públicos, campañas ciudadanas y encuestas de percepción de corrupción.
El cumplimiento será supervisado por la nueva Agencia de Integridad, que elaborará informes anuales, contará con un sistema de evaluación independiente coordinado por la OCDE y ofrecerá datos públicos a los 12 y 24 meses de activación.
Este plan se suma a más de 30 medidas ya impulsadas por el Ejecutivo en los últimos años, como la Ley de Protección del Informante, la creación de fiscalías especializadas y el Plan de Acción por la Democracia.
