El Gobierno quiere reorientar 900.000 viviendas del turismo al alquiler residencial para aliviar la crisis de vivienda
El Gobierno destaca el aumento de la vivienda protegida y plantea nuevas ayudas para movilizar viviendas vacías y frenar la presión del mercado.
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha defendido la necesidad de reorientar cerca de 900.000 viviendas que actualmente se destinan al uso turístico o a la inversión para incorporarlas al mercado residencial y facilitar el acceso a la vivienda. La cifra, basada en estimaciones del Banco de España, fue uno de los principales argumentos expuestos durante su intervención en los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), celebrados en Santander.
Rodríguez aseguró que el Ejecutivo considera prioritario movilizar estos inmuebles para aumentar la oferta de alquiler asequible y responder a uno de los principales problemas que preocupan actualmente a la ciudadanía.
El Plan Estatal de Vivienda contempla nuevas medidas
La ministra explicó que el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 incorpora diferentes herramientas para facilitar que parte de esas viviendas pasen a destinarse al uso residencial.
Entre ellas figura una línea de ayudas dirigida a las comunidades autónomas para financiar la compra de viviendas mediante el ejercicio del derecho de tanteo y retracto o mediante adquisición directa. El Estado podrá asumir hasta el 70% del coste de compra, porcentaje que aumentará hasta el 85% cuando los inmuebles se encuentren en zonas declaradas tensionadas. Posteriormente, esas viviendas se destinarán al alquiler asequible.
Asimismo, el plan contempla incentivos para que propietarios particulares cedan sus viviendas a las administraciones autonómicas durante un periodo de siete años. Durante ese tiempo, será la comunidad autónoma la encargada de gestionar íntegramente el alquiler, garantizando un precio máximo de 600 euros mensuales, realizando las obras de rehabilitación necesarias y devolviendo posteriormente la vivienda en buen estado a su propietario.
«Con el derecho a la vivienda no se mercadea»
Durante su intervención, Isabel Rodríguez insistió en que el acceso a una vivienda debe abordarse desde la perspectiva de un derecho constitucional y no únicamente como un producto de mercado.
La ministra defendió que el momento actual exige centrarse en las soluciones y dejar atrás el debate sobre las causas de la crisis residencial, asegurando que existe un amplio consenso sobre los factores que han provocado la situación actual.
En este contexto, reiteró la necesidad de colaboración entre administraciones públicas, sector privado y entidades sociales para aumentar la oferta de vivienda asequible.
El Gobierno defiende la regulación del mercado
Rodríguez también reivindicó la intervención pública en el mercado inmobiliario para garantizar el derecho a la vivienda.
Entre las medidas defendidas por el Ejecutivo destacó el control de los precios del alquiler, la lucha contra los pisos turísticos ilegales y la regulación del mercado cuando sea necesario para proteger el interés general.
La ministra contrapuso estas actuaciones con decisiones adoptadas en etapas anteriores, como las denominadas Golden Visa, que permitían obtener permisos de residencia mediante inversiones inmobiliarias de elevado importe.
Balance de la política de vivienda desde 2018
Durante su intervención, Isabel Rodríguez realizó un balance de las políticas impulsadas por el Gobierno desde 2018, destacando el incremento de la inversión pública en vivienda.
Según los datos ofrecidos, el Ejecutivo ha destinado 27.497 millones de euros a políticas públicas de vivienda, incluyendo financiación directa y transferencias a las comunidades autónomas.
Además, señaló que las licitaciones para la construcción de vivienda pública han superado los 4.700 millones de euros durante los últimos siete años y que se han calificado 113.988 viviendas protegidas, una cifra que, según el Ministerio, supera ampliamente la registrada durante las tres legislaturas anteriores.
La ministra subrayó también que el primer trimestre de 2026 ha registrado los niveles más elevados de inicio y finalización de viviendas protegidas desde 2012, defendiendo que el esfuerzo inversor está permitiendo reactivar el sector de la construcción y aumentar progresivamente la oferta residencial.
