La ministra de Trabajo reclama una regulación de la IA y los algoritmos en el mercado laboral
Díaz critica el retraso en la aplicación de parte del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial y advierte de que millones de trabajadores continúan sin protección.
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha defendido la necesidad de regular el uso de la Inteligencia Artificial (IA) y los algoritmos en el ámbito laboral para garantizar los derechos de los trabajadores. Así lo manifestó durante su intervención en la conferencia «Reimaginando el futuro del trabajo: Hacia el derecho a dar forma a la IA», celebrada en la Universidad de Oxford.
Durante su discurso, Díaz afirmó que la inteligencia artificial ya forma parte del presente y que el verdadero debate no consiste en aceptar o rechazar esta tecnología, sino en establecer un marco normativo que garantice su utilización respetando los derechos humanos y la legislación laboral.
La IA ya condiciona todas las relaciones laborales
La ministra explicó que actualmente la inteligencia artificial interviene en prácticamente todas las fases de la relación laboral, desde los procesos de selección de personal hasta la evaluación del rendimiento, la asignación de tareas, los ascensos, las modificaciones contractuales, los despidos e incluso la gestión de las pensiones.
Por ello, defendió que el desarrollo tecnológico debe ir acompañado de normas claras que impidan posibles vulneraciones de derechos y aporten transparencia en el funcionamiento de los sistemas automatizados.
España reivindica su experiencia con la Ley Rider
Durante su intervención, Yolanda Díaz recordó que España fue uno de los países pioneros en regular el uso de algoritmos en el ámbito laboral mediante la Ley Rider.
La vicepresidenta destacó que esa normativa estableció la obligación de informar a la representación sindical sobre los algoritmos que afectan a las condiciones de trabajo de las personas empleadas, una medida que considera un precedente para futuras regulaciones sobre inteligencia artificial.
Críticas al retraso del reglamento europeo
La ministra mostró además su preocupación por el calendario de aplicación del Reglamento Europeo sobre Inteligencia Artificial.
Aunque la normativa comenzará a entrar en vigor el próximo 2 de agosto, Díaz recordó que los sistemas considerados de alto riesgo para el empleo —como los algoritmos utilizados para contratación, evaluación del rendimiento, asignación de tareas, monitorización o despidos— no serán plenamente exigibles hasta dentro de 16 meses.
Según señaló, este retraso deja temporalmente sin protección a unos 42 millones de trabajadores europeos que actualmente desarrollan su actividad bajo sistemas de gestión algorítmica.
Asimismo, criticó las presiones ejercidas por un centenar de empresas europeas para aplazar la aplicación de estas obligaciones, advirtiendo de que este margen temporal puede favorecer un despliegue acelerado de tecnologías antes de la entrada en vigor de la regulación definitiva.
Una IA al servicio del bien común
Yolanda Díaz defendió que la inteligencia artificial representa una oportunidad para transformar el mercado laboral siempre que se utilice de forma responsable.
La ministra reconoció que algunas tecnologías ya están sustituyendo determinados empleos, aunque consideró que también permitirán eliminar trabajos especialmente peligrosos, contaminantes o perjudiciales para la salud, además de generar nuevas ocupaciones vinculadas a la transición ecológica y la innovación tecnológica.
En este sentido, insistió en que la inteligencia artificial debe ponerse «al servicio del bien común» y rechazó las propuestas de desregulación impulsadas desde algunos ámbitos internacionales.
Una regulación para garantizar los derechos
La vicepresidenta concluyó su intervención defendiendo que el futuro del trabajo dependerá de las decisiones políticas que se adopten en los próximos años.
A su juicio, la regulación constituye la principal herramienta para asegurar que la inteligencia artificial contribuya a mejorar las condiciones laborales, proteger los derechos de los trabajadores y favorecer un desarrollo tecnológico compatible con el progreso económico y social.
