La secretaria de Igualdad del PSOE, Andrea Fernández, junto con la portavoz socialista en el Senado, Eva Granados, han presentado este lunes 23 de enero una iniciativa para proteger la voluntad de las mujeres a la hora de ejercer su derecho al aborto.
Fernández ha comenzado su comparecencia recordando que “el PSOE y el Gobierno de España harían todo lo que esté en su mano para garantizar que los derechos reproductivos tanto en Castilla y León como en toda España estuvieran garantizados”, tal y como había anunciado el partido unos días antes. Desde que la Junta de Castilla y León anunció su intención de dificultar el ejercicio al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo “no hemos parado en el empeño de hacer rectificarles”, añadió Fernández.
Por ello, la secretaria ha anunciado que el PSOE propondrá al resto de grupos parlamentarios del Senado una enmienda transaccional para afianzar la protección de las mujeres si deciden o no continuar con la interrupción voluntaria del embarazo. Una enmienda que llega “para reforzar un derecho trascendente. Además de asegurarnos que la estrategia de Castilla y León no prospere”, ha señalado.
En este sentido, la secretaria de Igualdad hacía referencia a la rueda de prensa donde tanto el vicepresidente de la Junta de Castilla y León como el consejero portavoz anunciaban que las mujeres “tendrían que pasar por toda una gymkana de pruebas para ejercer un derecho que está perfectamente reconocido y pautado en una Ley orgánica como es el Derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo”.
En la misma, bajo el eufemismo de informar “se escondían una serie de medidas destinadas a obstruir el derecho a la interrupción del embarazo”, añadía, indicando que “lo que realmente querían era atosigar a las mujeres introduciendo estas medidas en el Servicio de Salud”.
Para Fernández, la situación es clara: “han pretendido institucionalizar el acoso que antes se llevaba a cabo a las puertas de las clínicas”. “Es perverso e inadmisible obligar a una mujer a tener que negarse a escuchar el latido del feto o a decir que no tiene ningún problema de salud mental para interrumpir su embarazo”, concluyó.
La secretaria también ha hecho referencia a que “tanto Isabel Díaz Ayuso como Rocío Monasterio han coqueteado con la idea de poner en práctica en Madrid esta estrategia”. Fernández ha añadido que “el PP ha estado siempre cómodo en los planteamientos que ahora defiende VOX”, pero indica que ahora tiene la oportunidad de “desmarcarse de sus socios”, y que «le corresponde a la derecha moderada frenar este avance de este tipo de posicionamientos retrógrados”.
Por su parte, la portavoz socialista en el Senado, Eva Granados, ha destacado la necesidad de “blindar el derecho de la mujer a interrumpir voluntariamente su embarazo”, frente a las pretensiones de las derechas.
Para la portavoz socialista, el Gobierno le ha parado los pies a Mañueco y a su vicepresidente García-Gallardo, “pero nos hemos quedado preocupadas y no queremos que esto se vuelva a repetir”. A su juicio, “las derechas tienen claros sus objetivos y si hay algo en lo que se ponen de acuerdo casi sin mirarse es sobre nuestros derechos y libertades. Castilla y León quiere ser un laboratorio de pruebas y no lo va a ser”.
La reforma de la ley del aborto que se tramita en el Senado se votará el próximo 8 de febrero. “Vamos a comprobar lo que decide Feijóo, quien aún no tenemos muy claro lo que piensa al respecto”, ha añadido, “pero sí somos conscientes de lo que piensan los populares sobre el derecho al aborto. Lo cierto es que aún tiene un recurso en el Tribunal Constitucional y ya han vetado muchas iniciativas en este sentido”.
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