Entrada en vigor de la nueva Directiva de Permiso Único para simplificar procesos migratorios en la Unión Europea

Esta directiva se aplica a la mayoría de los permisos de residencia y trabajo expedidos en la UE para nacionales de terceros países.

Entrada en vigor de la nueva Directiva de Permiso Único para simplificar procesos migratorios en la Unión Europea

La Unión Europea da un paso significativo hacia la simplificación y mejora de los procesos migratorios con la entrada en vigor de la nueva Directiva de Permiso Único, a partir del próximo 20 de mayo. Esta directiva, aprobada durante la Presidencia Española del Consejo de la UE, busca agilizar la emisión de permisos de residencia y trabajo, así como ampliar los derechos de igualdad de trato para los trabajadores extranjeros y los ciudadanos de la Unión.

La normativa establece un procedimiento simplificado para la emisión de permisos de residencia y trabajo, así como un conjunto de derechos de igualdad de trato para los trabajadores extranjeros y los ciudadanos de la Unión. Con carácter horizontal, esta directiva se aplica a la mayoría de los permisos de residencia y trabajo expedidos en la UE para nacionales de terceros países.

Entre las mejoras notables que introduce esta directiva se encuentran la reducción de plazos y la simplificación de los procedimientos de expedición de permisos, lo que servirá como incentivo tanto para trabajadores como para empresas. Además, se mejora la protección de los trabajadores frente a la explotación y se amplía la igualdad de trato en áreas como el acceso a la vivienda privada en alquiler.

Aunque esta directiva no forma parte del recientemente aprobado Pacto de Migración y Asilo, es complementaria a este y requiere la modificación de la normativa interna de los Estados miembros para adaptarse a ella. En el caso de España, que cuenta con un estándar elevado de derechos para las personas trabajadoras migrantes, se realizarán adaptaciones menores, principalmente en el Reglamento de la Ley de Extranjería.

Las medidas adoptadas por el Gobierno español se elaborarán mediante el diálogo social e institucional, contando con las Comunidades Autónomas y los agentes sociales.

La entrada en vigor de esta directiva es resultado del respaldo obtenido por la Presidencia Española del Consejo de la UE, que logró el acuerdo de los Estados miembros en el Comité de Representantes Permanentes de los Gobiernos de la UE, basado en un acuerdo previo con el Parlamento Europeo en diciembre de 2023.

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