El Gobierno destina 225 millones a vivienda asequible: ayudas en zonas tensionadas y 2.000 plazas universitarias
Más de nueve millones de personas viven en las zonas tensionadas que podrán beneficiarse de los nuevos fondos destinados a comunidades autónomas.
El Consejo de Ministros ha aprobado dos reales decretos que movilizan un total de 225 millones de euros para ampliar la oferta de vivienda y alojamiento asequible en España. De esta cantidad, 180 millones se destinarán a las zonas declaradas mercado residencial tensionado y otros 45 millones financiarán alojamientos vinculados a universidades públicas.
La primera medida afecta actualmente a 317 municipios pertenecientes a cinco comunidades autónomas, en los que viven más de nueve millones de personas. Los recursos podrán utilizarse, entre otros objetivos, para promover y rehabilitar viviendas destinadas al alquiler social o asequible, adquirir inmuebles para incorporarlos al parque público o comprar suelo para nuevas promociones.
El segundo decreto contempla 45 millones de euros para crear alrededor de 2.000 plazas de alojamiento destinadas a estudiantes y personal de universidades públicas.
Siete universidades se han incorporado ya a esta iniciativa: la Universidad Autónoma de Madrid, Universidad de Castilla-La Mancha en Albacete, Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, Universidad de Burgos, Universitat Jaume I de Castelló, Universidad de Jaén y Universidad de Lleida.
180 millones para las zonas de mercado residencial tensionado
La mayor partida aprobada por el Consejo de Ministros asciende a 180 millones de euros y está destinada a los territorios declarados como zonas de mercado residencial tensionado.
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, explicó que actualmente existen 317 municipios con esta consideración, repartidos entre cinco comunidades autónomas y con una población conjunta superior a nueve millones de personas.
El reparto de las ayudas tendrá en cuenta tanto la población afectada en cada zona como el esfuerzo económico que deben realizar las familias para hacer frente al alquiler.
Cataluña, al concentrar el mayor número de zonas tensionadas declaradas, recibirá la cuantía más elevada.
El Ejecutivo enmarca la medida en el desarrollo de la Ley de Vivienda, que establece que las comunidades autónomas deben elaborar un plan de acción después de declarar una zona tensionada y contempla la adopción de medidas extraordinarias por parte de la Administración General del Estado.
¿Para qué podrán utilizarse las nuevas ayudas?
Los 180 millones tendrán diferentes posibles destinos relacionados con la ampliación y mejora de la oferta residencial asequible.
Entre ellos se encuentra la promoción o rehabilitación de viviendas para incorporarlas al alquiler social o asequible, así como la adquisición de viviendas existentes en el mercado libre para sumarlas al parque público.
Las comunidades autónomas y los ayuntamientos podrán destinar igualmente estos recursos a comprar suelo para construir vivienda o desarrollar otras soluciones residenciales de emergencia.
Los fondos también podrán emplearse para el desarrollo y urbanización de suelo y para cubrir avales o seguros dirigidos a los jóvenes.
Las subvenciones se concederán directamente a las comunidades autónomas para financiar planes estratégicos vinculados a estas finalidades.
El Gobierno refuerza las actuaciones en las zonas tensionadas
Las nuevas ayudas se suman a otras medidas que el Ministerio de Vivienda ya había planteado para estos territorios.
Entre ellas se encuentran las ayudas extraordinarias contempladas en el Plan Estatal de Vivienda para la construcción de vivienda pública.
También se prevé que las administraciones públicas puedan cubrir hasta el 80% del coste de adquisición de una vivienda ya construida cuando el objetivo sea incorporarla al alquiler asequible.
Isabel Rodríguez defendió que los dos decretos aprobados tienen como objetivo promover vivienda en los lugares donde existe una mayor necesidad y dirigir las actuaciones hacia los colectivos con mayores dificultades de acceso.
45 millones para crear unas 2.000 plazas de alojamiento universitario
La segunda medida aprobada por el Consejo de Ministros aborda uno de los problemas que afrontan los estudiantes que deben desplazarse para cursar sus estudios: el coste del alojamiento.
El Ejecutivo destinará 45 millones de euros a proyectos de alojamiento vinculados a universidades públicas, con los que prevé crear aproximadamente 2.000 nuevas plazas.
Estas plazas estarán destinadas tanto a estudiantes universitarios como al personal de las universidades.
El programa se centrará inicialmente en los proyectos que se encuentran en un estado más avanzado y en los que el Gobierno viene trabajando desde hace varios años con distintas universidades públicas.
Siete universidades se incorporan a la iniciativa
Hasta el momento se han incorporado siete universidades públicas al proyecto.
Se trata de la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad de Castilla-La Mancha, con su proyecto en Albacete; la Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla; la Universidad de Burgos; la Universitat Jaume I de Castelló; la Universidad de Jaén y la Universidad de Lleida.
La iniciativa cuenta asimismo con la colaboración de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas.
El objetivo planteado es reducir el impacto que supone el precio de la vivienda para quienes necesitan trasladarse a otra ciudad para estudiar.
Rodríguez advirtió de que algunos jóvenes están llegando a renunciar a estudiar en la universidad que desean debido al coste del alojamiento, una circunstancia que el Gobierno pretende abordar con esta nueva línea de financiación.
El acceso a la vivienda, también como factor de igualdad educativa
La creación de alojamientos asequibles en universidades públicas conecta la política de vivienda con la igualdad de acceso a la educación superior.
El coste de alquilar una habitación o una vivienda puede convertirse en un factor determinante para estudiantes que necesitan cambiar de residencia, especialmente en ciudades con precios elevados.
El Ejecutivo pretende que esta primera actuación sobre los proyectos universitarios más avanzados pueda servir también de referencia para otras administraciones con competencias en la materia.
Con los dos decretos, el Gobierno moviliza 225 millones de euros entre actuaciones en zonas tensionadas y alojamientos universitarios: 180 millones para ampliar el parque asequible y desarrollar otras políticas residenciales en 317 municipios, y 45 millones para alrededor de 2.000 plazas vinculadas a universidades públicas.
