La Guardia Civil de Pontevedra interviene más de 15 toneladas de pez espada sin documentación de trazabilidad

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Fruto de esta investigación la Guardia Civil desmantela un entramado de comercialización ilícita de pescado de cinco empresas de la provincia, desde su origen a su distribuidor final, estableciendo las respectivas responsabilidades del buque de pesca, almacenista, trasportista y comercializadora.

La Guardia Civil de Pontevedra interviene más de 15 toneladas de pez espada sin documentación de trazabilidad

El pasado día 15 de junio de 2023 agentes del SEPRONA y la PAFIF de Vigo establecieron un dispositivo conjunto orientado al control del tráfico de mercancías por carretera sobre la N-552 a su paso por Rande (Pontevedra) dentro sus respectivas funciones de protección de la naturaleza y represión del contrabando.

Durante el control, se dio el alto a un camión con semi-remolque frigorífico que transportaba pescado congelado. Requerida la documentación pertinente al conductor, éste presentó un documento de uso interno, sin validez para amparar el transporte y que, además, declaraba 5000 kg. menos de carga.

Examinado el interior de la caja del camión se comprobó que el pescado transportado (pez espada congelado) también carecía de las etiquetas identificativas obligatorias para acreditar su trazabilidad.

Ante las evidencias de que se trataba de un transporte ilícito de alimentos, los agentes requirieron apoyo del Servicio de Seguridad Alimentaria de la Xunta de Galicia, que, tras su examen, procedieron a la inmovilización y precinto cautelar del pez espada que alcanzaba un peso de 15.554 kg., con un valor en el mercado en torno a los 230.000 €.

Se prosiguieron las indagaciones para averiguar el origen y destino del transporte, la procedencia del pescado y las personas o empresas que pudieran encontrarse tras esta actividad. Se averiguó que dicho pescado había estado almacenado entre otros lotes legales en un conocido frigorífico de la zona y había sido vendido a un comercializador que pretendía trasladarlo a Italia mezclado con otras partidas de mercancía documentadas.

Se realiza inspección en los almacenes frigoríficos de origen y se comprueba que el pescado procedía de la sobrepesca realizada por un barco de bandera portuguesa que había descargado en España. Esta embarcación, al exceder la cuota asignada, declaró las capturas legales y desvió la partida ahora incautada para su venta fuera del circuito legal.

Con la connivencia de la empresa de almacenes frigoríficos, dicho pescado fue ocultado sin ningún tipo de etiquetado o documentación a la espera de su traslado a una comercializadora interesada en “hinchar” sus ventas con este producto irregular, comprado a un precio inferior al mercado y evadiendo los correspondientes impuestos.

Fruto de esta investigación la Guardia Civil desmantela un entramado de comercialización ilícita de pescado de cinco empresas de la provincia, desde su origen a su distribuidor final, estableciendo las respectivas responsabilidades del buque de pesca, almacenista, trasportista y comercializadora.

 

Sobreexplotación de los caladeros, fraude y seguridad alimentaria

 

La pesca ilegal no declarada, o no reglamentada, se ha convertido en una de las mayores amenazas a la explotación sostenible de los recursos acuáticos vivos y para la biodiversidad marina. La comercialización de este producto también constituye un fraude fiscal y una competencia desleal que amenaza el conjunto de la actividad pesquera regulada.

Todo el pescado que se comercializa fuera del circuito legal constituye un riesgo para la salud pública debido a la total ausencia de trazabilidad y control sanitario del producto.

La pesca ilegal, así como el transporte y comercialización del producto constituyen, infracciones a la normativa en materia medioambiental, fiscal, de sanidad y transporte, y, en algunos casos puede llegar a integrar un delito con penas de prisión y multa.

La Guardia Civil dentro de sus funciones de vigilancia de las aguas territoriales, control de los recursos marinos y resguardo fiscal del Estado vela para evitar estas actividades contra la explotación sostenible de los recursos marinos

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