La Guardia Civil, a través del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), ha investigado a un total de 38 personas —36 físicas y dos jurídicas— por su implicación en 20 delitos relacionados con la usurpación de aguas públicas y el deterioro medioambiental en la provincia de Málaga. La investigación se enmarca en una operación llevada a cabo durante casi un año en un contexto de sequía persistente y restricciones hídricas.
El caso más grave afecta a los responsables de una empresa de venta de materiales de construcción, que durante al menos cinco años habrían extraído agua subterránea de varios pozos sin autorización. El agua, distribuida ilegalmente en cubas a particulares, piscinas y empresas, alcanzó un volumen estimado de 12 millones de litros, lo que podría haber generado beneficios superiores a los 240.000 euros.
Durante el transcurso de la operación se realizaron 110 inspecciones a infraestructuras hidráulicas como pozos, sondeos y balsas, identificándose 187 infracciones administrativas. Estas incluían extracciones sin autorización, superación de caudales permitidos, ausencia de contadores volumétricos o uso del agua con fines no autorizados.
La Guardia Civil también detectó irregularidades urbanísticas, como la apertura ilegal de pozos, construcción de balsas sin licencia o transformación ilícita de cultivos de secano en regadíos, agravando aún más la presión sobre los recursos hídricos en una provincia ya golpeada por la emergencia climática.
La operación ha sido coordinada por la Fiscalía de Medioambiente de Málaga, y ha contado con la colaboración del Servicio de Dominio Público Hidráulico y de agentes medioambientales de la Junta de Andalucía.
