Más de 600 compradores afectados por una red de venta irregular de perros desmantelada en Ávila
La operación del SEPRONA destapó una trama que comercializaba perros sin trazabilidad, con microchips alterados y documentación presuntamente falsificada.
La Guardia Civil ha desarticulado una presunta organización criminal dedicada a la cría y venta irregular de cachorros de perro que operaba desde la comarca de La Moraña (Ávila) y distribuía animales por todo el territorio nacional. La operación, denominada «Bibiache», se ha saldado con nueve personas investigadas por su presunta implicación en una trama que habría obtenido beneficios superiores a los 500.000 euros.
La investigación, desarrollada por el SEPRONA de la Comandancia de Ávila, comenzó en diciembre de 2025 tras detectarse posibles irregularidades relacionadas con una explotación dedicada a la cría de animales. Las pesquisas permitieron descubrir una compleja red que comercializaba cachorros incumpliendo la normativa vigente y utilizando documentación presuntamente falsificada.
Cachorros sin control sanitario ni trazabilidad
Según la investigación, los responsables adquirían cachorros para revenderlos posteriormente a través de páginas web y redes sociales, captando compradores en diferentes puntos de España.
Los agentes comprobaron que muchos de los animales carecían de una correcta trazabilidad, no estaban registrados y, en algunos casos, se alteraban los microchips de identificación o se utilizaba documentación sanitaria que no correspondía con los ejemplares vendidos.
Durante las inspecciones también fueron localizados ejemplares de especies protegidas, como jilgueros y lúganos, sin la documentación exigida por el convenio internacional CITES, además de detectarse una conexión ilegal al suministro eléctrico.
Animales enfermos y fallecimientos tras la venta
Uno de los aspectos más graves de la investigación hace referencia al estado de salud de los animales.
La Guardia Civil constató que numerosos cachorros eran sometidos a largos desplazamientos cuando apenas contaban con unos meses de vida, sin reunir las condiciones adecuadas para su transporte.
Las diligencias recogen varios casos en los que los perros desarrollaron enfermedades graves poco después de ser adquiridos por sus nuevos propietarios, llegando incluso a fallecer algunos de ellos pese a recibir atención veterinaria.
Tres veterinarios, entre los investigados
La investigación también señala la presunta colaboración de tres veterinarios, cuya actuación habría facilitado el acceso a medicamentos veterinarios y la implantación de microchips utilizados durante la actividad investigada.
En una segunda inspección realizada en otra localidad de La Moraña, los agentes intervinieron cartillas sanitarias, medicamentos veterinarios y numerosos microchips que todavía no habían sido implantados.
Más de 600 posibles afectados en toda España
El análisis económico realizado por los investigadores permitió identificar a 636 personas que podrían haber resultado perjudicadas tras adquirir alguno de los animales comercializados por la organización.
Las pesquisas acreditan ingresos de 146.325 euros en aproximadamente un año, correspondientes a reservas y pagos relacionados con la venta de cachorros. A esta cantidad se suman pagos en efectivo por más de 21.000 euros, aunque la Guardia Civil estima que los beneficios reales de la trama podrían superar el medio millón de euros.
Delitos investigados
Los nueve investigados deberán responder, según su grado de participación, por presuntos delitos contra la flora y la fauna, estafa, falsedad documental, publicidad engañosa, intrusismo profesional, maltrato animal por omisión, usurpación de estado civil, defraudación de fluido eléctrico y pertenencia a grupo criminal.
La operación ha sido dirigida por la Fiscalía Delegada de Medio Ambiente y Urbanismo de Ávila y ha contado con la colaboración del Colegio Oficial de Veterinarios de Ávila, la Inspección de Trabajo, la Tesorería General de la Seguridad Social, técnicos de Iberdrola y otras administraciones implicadas.
Las diligencias ya han sido remitidas a la autoridad judicial competente, mientras la investigación continúa para esclarecer completamente el alcance de una trama que podría haber afectado a cientos de compradores repartidos por toda España.
