Más puntos de recarga, puertos electrificados y trenes sin diésel: así es el nuevo plan de movilidad del Gobierno

España cuenta actualmente con 42.318 puntos de recarga eléctrica de acceso público, que suman una potencia nominal instalada superior a los 2,26 millones de kW. Con estas cifras, el país alcanza una potencia por vehículo electrificado ligero que multiplica por 2,66 el mínimo exigido por la normativa europea, según los datos incluidos en el nuevo Marco de Acción Nacional (MAN) presentado por el Gobierno.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible han sometido el documento a audiencia pública y lo han remitido a la Comisión Europea en cumplimiento del Reglamento europeo sobre infraestructuras para combustibles alternativos.

La hoja de ruta no se limita al vehículo eléctrico. El MAN establece medidas para extender las infraestructuras energéticas alternativas a carreteras, transporte pesado, puertos, aeropuertos y ferrocarril, con especial atención a los objetivos previstos para 2030.

El transporte representa actualmente el 42% del consumo final de energía y el 32,5% de las emisiones de gases de efecto invernadero de España, por lo que su electrificación constituye uno de los principales retos de la estrategia de descarbonización del Ejecutivo.

España cuenta con 42.318 puntos públicos de recarga

El diagnóstico recogido en el MAN sitúa en 42.318 los puntos de recarga de acceso público instalados, con una potencia nominal conjunta de 2.269.170 kW.

Aunque el Gobierno considera que España supera actualmente los requisitos europeos de potencia instalada por vehículo, la siguiente prioridad pasa por aumentar la capacidad disponible y mejorar la cobertura en las principales carreteras.

La planificación debe acompañar al crecimiento previsto del parque eléctrico. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030 (PNIEC) establece como meta alcanzar los 5,5 millones de vehículos electrificados de todas las categorías en 2030.

Para reforzar la infraestructura en las principales vías, el Ejecutivo cuenta con MOVES Corredores, un programa dotado con 200 millones de euros destinado a instalaciones con una potencia agregada mínima de 300 kW.

Estaciones de servicio con cargadores de hasta 600 kW

El despliegue irá acompañado de nuevas obligaciones de potencia.

Las estaciones de servicio que superen los 10 millones de litros de ventas deberán disponer de infraestructura de recarga de al menos 400 kW, una exigencia que aumentará hasta los 600 kW a partir de 2027.

También se establecen requisitos para aparcamientos no residenciales con más de 20 plazas. Deberán disponer de un punto de recarga por cada 40 plazas. En los edificios dependientes de la Administración General del Estado, la proporción aumenta hasta un cargador por cada 20 plazas.

Las Zonas de Bajas Emisiones tendrán igualmente un papel dentro de la estrategia. Los municipios de más de 50.000 habitantes deberán establecer objetivos anuales para desplegar infraestructura de recarga dentro y fuera de estas áreas.

Un mapa con disponibilidad y precios de unos 44.700 puntos

Uno de los aspectos que afecta directamente a los conductores es la disponibilidad de información sobre los cargadores.

El Estado ha activado el mapa REVE, que permite consultar en tiempo real la disponibilidad y el precio de unos 44.700 puntos de recarga.

Paralelamente, se está extendiendo una señalización homogénea en la Red de Carreteras del Estado mediante pictogramas destinados a informar de la ubicación y distancia de las estaciones.

Desde 2019, según los datos aportados por el Gobierno, se han movilizado más de 3.000 millones de euros a través de los diferentes programas MOVES.

A esta inversión se suma el Plan Auto+, inicialmente dotado con 400 millones para incentivar la compra de vehículos electrificados de producción europea y nacional, además de otros 150 millones procedentes de fondos FEDER cuya tramitación para infraestructura de recarga acaba de comenzar.

El esquema incluye asimismo incentivos fiscales como una deducción del 15% en el IRPF para particulares, libertad de amortización en el Impuesto sobre Sociedades para empresas y la posibilidad de aplicar bonificaciones municipales en tributos como el IBI o el ICIO.

El transporte pesado, otro de los grandes desafíos

El Marco de Acción Nacional dedica una atención específica al transporte de mercancías por carretera.

El Gobierno identifica como una dificultad la elevada fragmentación del sector y el peso de las microempresas a la hora de afrontar la transición hacia los camiones eléctricos.

La planificación contempla reforzar la cobertura en las Zonas de Estacionamiento Seguras y Protegidas (ZESP). Actualmente hay diez certificadas en la Red Transeuropea de Transporte.

El Ejecutivo también prevé futuras ayudas para renovar flotas e instalar infraestructura de recarga tanto en depósitos privados como en puntos de acceso público.

Los puertos deberán dar electricidad a los barcos atracados

El plan extiende la estrategia de electrificación al transporte marítimo.

El objetivo es que los buques puedan apagar sus motores auxiliares cuando estén atracados y utilizar suministro eléctrico desde tierra, reduciendo así las emisiones durante su estancia en puerto.

El MAN identifica 26 puertos afectados por las obligaciones europeas y plantea alcanzar 919 MW de potencia eléctrica instalada en 2030 para cubrir, como mínimo, el 90% de las escalas de determinados portacontenedores y buques de pasaje de más de 5.000 toneladas.

El sistema portuario disponía de 200 MW en 2024 y necesitará alcanzar alrededor de 1,1 GW totales para atender tanto estas obligaciones como nuevas actividades.

Puertos del Estado contempla una inversión de 778,7 millones de euros entre 2025 y 2029, incluyendo actuaciones vinculadas a la electrificación y al desarrollo de combustibles alternativos como metanol verde, amoniaco renovable y biocombustibles avanzados.

Aeropuertos y ferrocarril también entran en la estrategia

En los aeropuertos pertenecientes a las redes básica y global, todos los puestos de estacionamiento de contacto ya cuentan con suministro eléctrico mediante tomas fijas, de acuerdo con el documento.

El siguiente paso será avanzar en los puestos remotos, sustituyendo progresivamente los equipos diésel por alternativas completamente eléctricas o alimentadas con combustibles renovables. La meta es garantizar energía de origen no fósil para las aeronaves estacionadas antes de enero de 2030.

En el ámbito ferroviario, actualmente está electrificado el 67% de las vías de la Red Ferroviaria de Interés General, mientras que 5.175 kilómetros continúan operando mediante tracción diésel.

Las actuaciones previstas permitirán electrificar alrededor de 1.700 kilómetros adicionales, elevando la cobertura hasta el 78%.

Según los datos del MAN, el 92% del tráfico actual de mercancías y viajeros de Renfe ya utiliza tracción eléctrica.

En aquellos trayectos donde instalar electrificación convencional no resulte justificable desde el punto de vista socioeconómico, se estudiarán tecnologías de cero emisiones como trenes de hidrógeno o alimentados por baterías.

El Marco de Acción Nacional, en audiencia pública hasta el 2 de octubre

El Gobierno plantea el MAN como una hoja de ruta para coordinar el despliegue de infraestructuras de combustibles alternativos y realizar un seguimiento de los avances en los diferentes modos de transporte.

El documento se encuentra en audiencia pública hasta el 2 de octubre, periodo durante el cual podrán presentarse alegaciones antes de continuar con su tramitación.

La estrategia coloca ahora el foco no solo en incrementar el número de cargadores para vehículos eléctricos, sino especialmente en disponer de más potencia, mejores corredores de recarga y una infraestructura capaz de acompañar el crecimiento previsto de la movilidad eléctrica hasta 2030.