Operación Rezervor: 58 detenidos por una estafa de más de 58.000 euros con tarjetas de combustible
La operación Rezervor deja 58 detenidos y nueve investigados por un fraude superior a 58.000 euros, con repostajes nocturnos simultáneos de hasta ocho surtidores.
La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada a la venta ilegal de combustible en las provincias de Alicante y Valencia, en una operación que se ha saldado con 58 personas detenidas y otras nueve investigadas. La red utilizaba tarjetas corporativas de repostaje sustraídas a una empresa de transporte de viajeros para abastecer vehículos de terceros y comercializar el combustible a un precio de un euro por litro, muy inferior al habitual del mercado.
La investigación, desarrollada bajo el nombre de operación Rezervor, ha permitido destapar un entramado que habría ocasionado un perjuicio económico superior a 58.000 euros. A los detenidos se les atribuyen presuntos delitos de hurto, estafa, falsificación de medios de pago, receptación, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
El caso comenzó cuando los investigadores detectaron un uso anómalo de las tarjetas de combustible pertenecientes a una empresa de transporte de viajeros de Alicante. Las operaciones fraudulentas alcanzaron un volumen tan elevado que la facturación llegó a superar el límite de crédito establecido para estos medios de pago, lo que activó las alertas de la plataforma encargada de su gestión y provocó el bloqueo de las tarjetas.
A partir de ese momento, los agentes iniciaron las comprobaciones para determinar el origen de los cargos y localizar a las personas que estaban utilizando los medios de pago de manera irregular.
Las primeras pesquisas permitieron identificar a dos trabajadores de un taller de vehículos pesados encargado del mantenimiento de una flota de autobuses como presuntos responsables de la sustracción inicial de las tarjetas corporativas.
Según la investigación, ambos se habrían apoderado de 18 tarjetas de repostaje, aunque únicamente llegaron a utilizarse nueve de ellas para efectuar las operaciones fraudulentas.
En una primera fase, los sospechosos habrían empleado las tarjetas para su propio beneficio. Sin embargo, posteriormente ampliaron la actividad y comenzaron a comercializar el acceso al combustible, dando lugar a una estructura organizada que permitió multiplicar los repostajes y aumentar el volumen del fraude.
Para captar compradores, los implicados publicaron un anuncio encubierto en una plataforma de compraventa de segunda mano, en el que ofrecían combustible a un precio considerablemente inferior al de las estaciones de servicio.
De acuerdo con la Guardia Civil, los responsables iniciales terminaron vendiendo el lote de tarjetas a cambio de dinero en efectivo y transferencias bancarias, lo que facilitó que otras personas continuaran explotando los medios de pago sustraídos.
La organización desarrolló entonces un sistema de suministro que permitía atender a varios compradores al mismo tiempo y concentrar los repostajes en determinadas estaciones de servicio.
Los investigadores localizaron operaciones en gasolineras de Torrevieja, en la provincia de Alicante, y Torrent, en Valencia, donde los participantes se reunían siguiendo instrucciones transmitidas a través de aplicaciones de mensajería instantánea.
Los responsables convocaban a grupos de conductores en las inmediaciones de las estaciones de servicio, generalmente a última hora de la noche o en horarios próximos al cierre.
Una vez reunidos los vehículos, organizaban los repostajes para aprovechar simultáneamente varios surtidores y reducir el tiempo necesario para completar las operaciones.
Según la Guardia Civil, la trama llegó a ordenar el llenado simultáneo de hasta ocho surtidores, con turismos, vehículos comerciales y otros medios de transporte preparados para cargar combustible.
La particularidad del sistema era que ninguno de los conductores que recibía el combustible tenía que pasar por caja para pagar su repostaje.
En su lugar, los organizadores realizaban un único pago centralizado utilizando las tarjetas corporativas sustraídas, de manera que el importe de todas las operaciones quedaba cargado a la empresa de transporte perjudicada.
Los compradores, por su parte, abonaban directamente a los integrantes de la red un euro por cada litro suministrado, mediante pagos en efectivo.
Este procedimiento permitía a los implicados obtener ingresos a partir de combustible que no habían adquirido legalmente, mientras que el coste de los repostajes recaía sobre la empresa titular de las tarjetas.
La investigación también permitió identificar a un tercer nivel de participantes, formado por conductores particulares y pequeños empresarios que acudían a las estaciones de servicio para aprovechar los precios ofrecidos por la organización.
Entre los vehículos abastecidos figuraban turismos, furgonetas de reparto y camiones grúa, además de recipientes de gran capacidad utilizados para transportar cantidades adicionales de combustible.
Los agentes constataron que algunos participantes llevaban garrafas de gran tamaño ocultas en el interior de los vehículos, que también eran llenadas durante las operaciones organizadas por la trama.
De esta forma, el suministro no se limitaba a los depósitos de los vehículos, sino que podía incluir cantidades adicionales destinadas a su posterior utilización.
El precio de venta, fijado en un euro por litro, constituía uno de los principales atractivos de la oferta y permitió que el sistema llegara a numerosos compradores.
La Guardia Civil considera que la actividad se desarrollaba mediante una estructura con diferentes funciones, desde la sustracción inicial de las tarjetas hasta su utilización en las estaciones de servicio y la adquisición del combustible por parte de los clientes.
El uso de aplicaciones de mensajería para coordinar los encuentros y la concentración de vehículos en horarios nocturnos formaban parte del procedimiento empleado para llevar a cabo los repostajes.
El volumen de las operaciones terminó siendo determinante para descubrir el fraude. Los cargos acumulados superaron los límites de crédito autorizados y provocaron que la plataforma de pagos detectara las irregularidades.
El posterior análisis de las transacciones permitió a los investigadores reconstruir el funcionamiento del entramado y relacionar los repostajes con las tarjetas sustraídas.
Como resultado de las pesquisas, la Guardia Civil procedió a la detención de 58 personas presuntamente relacionadas con los hechos, mientras que otras nueve quedaron investigadas.
A los implicados se les atribuyen distintos delitos en función de su presunta participación en la actividad, entre ellos hurto, estafa, falsificación de medios de pago, receptación, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
La investigación cifra el perjuicio económico ocasionado en más de 58.000 euros, una cantidad vinculada al uso fraudulento de los medios de pago corporativos.
Tras las detenciones, los arrestados fueron puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante, que acordó su puesta en libertad.
Esta decisión judicial no supone el cierre del procedimiento ni determina la responsabilidad penal de los investigados, que deberá establecerse conforme avance la causa y con respeto a la presunción de inocencia.
La operación Rezervor ha permitido desarticular un sistema de compraventa ilegal de combustible que aprovechaba el acceso a tarjetas corporativas de una empresa de transporte para obtener un beneficio económico mediante repostajes fraudulentos.
El caso pone de manifiesto la importancia de los mecanismos de control sobre los medios de pago utilizados por las flotas de vehículos, especialmente cuando las tarjetas pueden ser empleadas por diferentes trabajadores o proveedores de servicios.
En esta investigación, precisamente, fueron las alertas generadas por el exceso de facturación las que permitieron detectar las operaciones sospechosas y desencadenar las actuaciones policiales.
Con 58 detenidos, nueve investigados y un perjuicio superior a 58.000 euros, la Guardia Civil da por desarticulada la organización que operaba en las provincias de Alicante y Valencia, utilizando estaciones de servicio de Torrevieja y Torrent para suministrar combustible de manera fraudulenta a particulares y pequeños empresarios.
