Desarticulada una red de explotación laboral en La Rioja: jornadas de hasta 16 horas y condiciones infrahumanas

La Guardia Civil ha desmantelado una organización criminal asentada en La Rioja dedicada presuntamente a la explotación laboral de trabajadores vulnerables, una operación que se ha saldado con cinco detenidos y la liberación de ocho víctimas sometidas durante años a condiciones de vida y trabajo extremadamente precarias.

La denominada operación «Portus-Cale» ha permitido sacar a la luz un sistema de explotación basado en el control absoluto de las víctimas, personas de nacionalidad portuguesa con edades comprendidas entre los 40 y los 74 años que eran utilizadas como mano de obra para actividades agrícolas, reformas y servicios de transporte.

Según la investigación, los responsables anulaban la autonomía de los trabajadores y se aprovechaban de su situación de necesidad para obtener importantes beneficios económicos. Las víctimas residían en viviendas carentes de condiciones mínimas de habitabilidad, con graves deficiencias higiénicas y sin las comodidades básicas necesarias para una vida digna.

Los investigadores han constatado que los explotadores suministraban alcohol a los trabajadores como mecanismo de control y aislamiento social. Además, la alimentación proporcionada incluía, presuntamente, carne en mal estado, mientras que las condiciones de alojamiento favorecían una dependencia total respecto a la organización.

Jornadas de hasta 16 horas sin descanso

Las víctimas eran obligadas a trabajar entre 12 y 16 horas diarias, incluidos domingos y festivos. Los agentes describen una situación de disponibilidad permanente en la que los trabajadores realizaban cualquier tarea ordenada por los integrantes del grupo, desde labores agrícolas en viñedos hasta reformas integrales de inmuebles y servicios de portes.

Algunos de los afectados llegaron a trabajar durante años sin percibir salario alguno. Otros cobraban apenas cuatro euros por hora, cantidad de la que además se descontaban gastos relacionados con el tabaco o el alcohol que les facilitaban los propios explotadores.

La investigación también ha revelado episodios de violencia física contra algunas víctimas cuando no podían acudir a trabajar debido a problemas de salud.

Una víctima falleció tras abandonar la organización

Uno de los episodios más graves descubiertos durante la operación fue la muerte de una de las víctimas. Según las pesquisas, esta persona decidió abandonar el entorno de explotación y negarse a seguir trabajando en las condiciones impuestas por el grupo.

Posteriormente fue atropellada por tres vehículos cuando caminaba por la carretera N-232, falleciendo a consecuencia de las lesiones sufridas. Este hecho ha sido incorporado a la investigación como parte del contexto de vulnerabilidad extrema en el que se encontraban las personas explotadas.

Más de 2,5 millones de euros en ingresos

La investigación comenzó cuando la Guardia Civil detectó indicios de explotación laboral en la localidad riojana de Rincón de Olivedo. Las primeras pesquisas condujeron a un núcleo familiar liderado por una mujer conocida entre las víctimas como «la jefa», que dirigía la actividad junto a su marido, dos hijos y la pareja de uno de ellos.

El análisis patrimonial ha revelado que las dos principales responsables del entramado ingresaron en sus cuentas bancarias más de 2,5 millones de euros desde 2022 procedentes de trabajos agrícolas.

Además, los investigadores han identificado a diversos agricultores, viticultores y particulares de La Rioja Baja y la Ribera de Navarra que contrataron los servicios de esta organización.

Entre ellos figura una bodega y uno de sus directivos, actualmente investigados por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores tras recurrir de forma continuada a los servicios del clan. Según la investigación, la empresa habría abonado alrededor de 569.000 euros al entramado criminal.

Dinero en efectivo, joyas y vehículos de alta gama

Durante la fase de explotación de la operación se practicaron siete registros en diferentes inmuebles relacionados con la organización.

Los agentes intervinieron cerca de 30.000 euros en efectivo, joyas valoradas en más de 150.000 euros, abundante documentación, ocho vehículos —cinco de ellos de alta gama— y procedieron al bloqueo de siete cuentas bancarias vinculadas a los investigados.

La Guardia Civil considera que la operación ha permitido desmantelar una estructura criminal perfectamente organizada que obtenía importantes beneficios económicos a costa de la explotación sistemática de trabajadores en situación de vulnerabilidad.