Elma Saiz defiende la reforma del incentivo al empleo del IMV para reforzar la inclusión laboral

La prestación llega a 860.000 hogares, protege especialmente a familias con menores y ha incrementado su cobertura un 16% respecto a 2025.

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La ministra de Inclusión reclama la colaboración de comunidades autónomas y ayuntamientos para facilitar el acceso y la permanencia de los beneficiarios en el mercado laboral.

Elma Saiz defiende la reforma del incentivo al empleo del IMV para reforzar la inclusión laboral

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha defendido la reforma del incentivo al empleo del Ingreso Mínimo Vital (IMV) como una herramienta para favorecer la incorporación y permanencia de las personas beneficiarias en el mercado laboral.

Saiz realizó estas declaraciones durante la cuarta reunión de la Comisión de Seguimiento del IMV, celebrada en Madrid con representantes de las comunidades y ciudades autónomas y de la Federación Española de Municipios y Provincias.

La ministra insistió en que la protección económica debe complementarse con políticas activas de empleo y medidas de acompañamiento que permitan a los hogares vulnerables avanzar hacia una mayor autonomía.

El IMV se consolida como una prestación estructural

Durante la reunión, Elma Saiz hizo balance de los seis años transcurridos desde la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital.

La titular de Inclusión aseguró que la prestación se ha consolidado como un elemento estructural del Estado del bienestar y destacó su contribución a la reducción de la pobreza.

Según los datos expuestos por el Ministerio, el IMV llega actualmente a 860.000 hogares y 2,6 millones de personas. Prácticamente la mitad de los beneficiarios son niños, niñas y adolescentes.

Más de dos tercios de los hogares protegidos tienen menores a cargo. En concreto, se trata de 591.436 familias, cerca del 70% del total, lo que refleja el peso de la prestación en la lucha contra la pobreza infantil.

La tasa de pobreza baja hasta el 19,5%

Saiz señaló que el Ingreso Mínimo Vital, junto con otras medidas de protección pública, ha contribuido a situar la tasa de pobreza en el 19,5%, el nivel más bajo registrado durante la última década.

La ministra defendió que el IMV fue diseñado principalmente para proteger a las familias y garantizar unos ingresos mínimos durante los periodos de mayor vulnerabilidad.

Desde su aprobación en 2020, más de 3,7 millones de personas se han beneficiado de la prestación. Además, más de 823.000 personas han percibido el Complemento de Ayuda a la Infancia, conocido como CAPI, que añade una cantidad mensual por cada hijo o hija a cargo.

La prestación se ha revalorizado un 59% en seis años

El Ministerio de Inclusión sostiene que las familias beneficiarias han aumentado su renta disponible tanto por la evolución de la prestación como por la mejora del mercado laboral.

Durante los últimos seis años, la cuantía del IMV se ha revalorizado un 59%. Al mismo tiempo, se ha ampliado su cobertura y su capacidad protectora.

En 2026, el Ingreso Mínimo Vital protege a un 16% más de hogares que en 2025, según los datos presentados durante la reunión de seguimiento.

Menos tiempo para tramitar las solicitudes

Elma Saiz también destacó los avances registrados en la gestión administrativa de la prestación.

El tiempo medio de tramitación se situó en 99 días durante 2025, hasta 104 días menos que el año anterior, pese a que las solicitudes aumentaron un 16,5%.

El Ministerio ha continuado automatizando procesos y ha implantado durante 2025 y 2026 un sistema de doble actualización de las cuantías. El objetivo de esta medida es reducir el impacto de los reintegros derivados de cobros indebidos.

Así cambia el incentivo al empleo del IMV

La reforma del incentivo al empleo, aprobada mediante el Real Decreto 240/2026, de 25 de marzo, busca hacer compatible el cobro del IMV con el aumento de los ingresos procedentes del trabajo.

El nuevo modelo simplifica el cálculo y se aplica de oficio, sin que las personas beneficiarias tengan que solicitarlo expresamente.

A partir de la reforma, los primeros 6.000 euros de incremento anual de ingresos laborales quedan exentos para calcular la cuantía de la prestación.

Cuando el aumento de ingresos supera esa cantidad, solo se tiene en cuenta el 50% del exceso. En las unidades de convivencia que reciben complementos por discapacidad o monoparentalidad, la exención se eleva al 55%.

Con este sistema, el Gobierno pretende evitar que la incorporación al mercado laboral provoque una pérdida inmediata y completa de la protección económica.

Dos de cada tres hogares percibieron ingresos laborales

Según los datos aportados por la ministra, durante el último año dos de cada tres hogares beneficiarios del IMV recibieron también ingresos procedentes del trabajo.

Elma Saiz señaló que el siguiente objetivo será mejorar la calidad de esos empleos, facilitar el acceso al mercado laboral y aumentar la permanencia de los beneficiarios en sus puestos.

Entre las personas adultas que perciben el IMV y trabajan, casi nueve de cada diez tienen cargas familiares.

Los beneficiarios serán un colectivo prioritario en las políticas de empleo

La reforma plantea que el incentivo económico vaya acompañado de programas que mejoren la empleabilidad.

El Plan Anual para el Fomento del Empleo Digno 2026 ya considera a los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital como un colectivo prioritario.

El Ministerio pretende reforzar su participación en las políticas activas desarrolladas por los servicios públicos de empleo del Estado y de las comunidades autónomas.

Saiz pide mayor implicación a las comunidades autónomas

La ministra reclamó la colaboración de las administraciones autonómicas y locales para avanzar en la inclusión social y laboral de los hogares protegidos.

Saiz advirtió de que la reducción del gasto autonómico en rentas mínimas debería traducirse en un mayor esfuerzo presupuestario y operativo en políticas de acompañamiento, formación e inserción laboral.

También pidió que el IMV no sea considerado una vía de ahorro para las comunidades autónomas, sino una oportunidad para reforzar las actuaciones destinadas a combatir la pobreza y la exclusión social.

La ministra concluyó que el éxito de la prestación no debe medirse únicamente por su capacidad para ofrecer protección económica, sino también por las oportunidades reales que genere para que las familias desarrollen un proyecto de vida con mayor autonomía.

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