El PP critica el decreto de familias del Gobierno y denuncia la falta de protección a los hogares monoparentales
Durante la Diputación Permanente del Congreso, el PP reprocha al ministro de Derechos Sociales el retraso de la Ley de Familias, la elevada pobreza infantil y la falta de diálogo con las comunidades autónomas.
El Partido Popular ha cuestionado la gestión del Gobierno en materia de políticas sociales y protección de las familias, utilizando los datos recogidos en el propio real decreto-ley de apoyo familiar para denunciar la situación de pobreza y exclusión social en España. La portavoz de Igualdad del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Patricia Rodríguez, ha dirigido sus críticas al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, durante la sesión de la Diputación Permanente celebrada el 18 de noviembre de 2026.
La diputada popular ha asegurado que el contenido de la norma impulsada por el Ejecutivo constituye una «enmienda a la totalidad» a su gestión social y de familias, al considerar que el Gobierno reconoce en el texto legislativo problemas estructurales que, según su valoración, no ha conseguido resolver durante sus años al frente del país.
Uno de los principales argumentos utilizados por Rodríguez ha sido la posición de España en los indicadores europeos de pobreza y exclusión social. Según ha señalado, el decreto recoge que España figura entre los países de la Unión Europea con mayor incidencia de riesgo de pobreza y exclusión social, únicamente por detrás de Bulgaria, de acuerdo con los datos citados por la representante del PP.
Rodríguez ha relacionado esta situación con la actuación del Ejecutivo y ha cuestionado que, después de varios años de gobierno, continúen existiendo dificultades importantes para numerosas familias.
La portavoz popular también ha puesto el foco en la pobreza infantil, uno de los indicadores que considera más preocupantes. Durante su intervención, ha destacado que, según los datos de 2024 mencionados en la norma, la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social infantil en España alcanza el 34,6 %, frente al 24,2 % de media europea.
Para el Partido Popular, estas cifras evidencian la necesidad de revisar las políticas públicas destinadas a proteger a los menores y a los hogares con mayores dificultades económicas.
La diputada ha reprochado a Bustinduy que estos indicadores correspondan a un periodo en el que ya desempeñaba responsabilidades ministeriales, utilizando esta circunstancia para cuestionar los resultados de las medidas sociales promovidas por el Gobierno.
Otro de los aspectos destacados durante el debate ha sido la inversión pública destinada a las familias. Rodríguez ha señalado que, según los datos recogidos en el decreto, España destina a políticas familiares el equivalente al 1,4 % del producto interior bruto, mientras que Alemania alcanza el 3,5 %.
La representante popular ha utilizado esta comparación para reclamar explicaciones sobre las prioridades presupuestarias del Ejecutivo y sobre la diferencia de recursos destinados a la protección familiar respecto a otros países europeos.
En este contexto, ha cuestionado la gestión del gasto público y ha vinculado sus críticas a otros ámbitos de actuación del Gobierno, como las infraestructuras ferroviarias y las carreteras.
La intervención de Rodríguez ha prestado especial atención a la situación de las familias monoparentales, uno de los colectivos incluidos en las medidas del real decreto-ley debatido en la Cámara.
La diputada ha señalado que el propio texto normativo reconoce insuficiencias en la protección social y económica de estos hogares, de los cuales más del 81 % están encabezados por mujeres, según las cifras que ha citado durante su intervención.
A partir de este dato, ha cuestionado la coherencia entre el discurso del Gobierno en materia de igualdad y las dificultades económicas que afrontan numerosas mujeres que asumen en solitario la crianza de sus hijos.
Rodríguez ha reclamado al ministro que explique por qué el reconocimiento y la ampliación de derechos para las familias monoparentales no se han abordado con anterioridad.
La diputada también ha exigido responsabilidades políticas por lo que considera una falta de atención prolongada a estos hogares, aunque el Ejecutivo defiende las nuevas medidas como una ampliación de la protección social y del reconocimiento legal de diferentes modelos familiares.
El debate se produce en el contexto de la tramitación de nuevas disposiciones destinadas a reforzar los derechos de las familias monoparentales y numerosas, una iniciativa con la que el Gobierno pretende ampliar el alcance de determinadas medidas de apoyo.
Sin embargo, el Partido Popular considera que estas reformas llegan tarde y que deberían haberse desarrollado mediante un proceso legislativo más amplio.
Rodríguez ha criticado especialmente las sucesivas ampliaciones de los plazos de tramitación de la Ley de Familias en el Congreso de los Diputados.
Según ha denunciado, la iniciativa ha acumulado más de cien prórrogas, una circunstancia que ha atribuido a la falta de capacidad del Ejecutivo para sacar adelante una regulación estable.
La portavoz popular ha cuestionado que el Gobierno recurra ahora a la extraordinaria y urgente necesidad para aprobar determinadas medidas familiares cuando, a su juicio, ha tenido tiempo suficiente para impulsar una reforma mediante el procedimiento parlamentario ordinario.
En este sentido, ha defendido que una normativa de estas características debería contar con un debate parlamentario completo y con la participación de las administraciones encargadas de aplicar buena parte de sus disposiciones.
La diputada ha subrayado especialmente el papel de las comunidades autónomas, que tienen competencias relevantes en materia de servicios sociales y atención a las familias.
Para el PP, la elaboración de una regulación estatal de apoyo familiar debe realizarse mediante una mayor coordinación institucional, evitando que las nuevas obligaciones recaigan sobre las administraciones territoriales sin un diálogo previo suficiente.
Rodríguez también ha recordado que su formación presentó una proposición de Ley de Conciliación y Corresponsabilidad, que incluía diferentes medidas de apoyo a las familias.
La parlamentaria ha reprochado a los grupos que respaldan al Gobierno que votaran en contra de la toma en consideración de aquella iniciativa, impidiendo que comenzara su tramitación parlamentaria.
Desde la perspectiva del Partido Popular, esta decisión demuestra una falta de disposición para debatir propuestas alternativas en materia de conciliación, protección familiar y corresponsabilidad.
Durante su intervención, Rodríguez ha ampliado sus críticas a la gestión general del Ejecutivo y ha acusado a la coalición de gobierno de actuar con improvisación en sus políticas sociales.
La diputada ha resumido su valoración con una referencia a «ocho años de caos, improvisación y anuncios que nunca llegan», una expresión con la que ha cuestionado la planificación y la continuidad de las iniciativas gubernamentales.
También ha acusado al Ejecutivo de introducir criterios ideológicos en el diseño de las políticas familiares, defendiendo la necesidad de establecer un marco normativo que, a su juicio, responda a las necesidades de los hogares con independencia de su composición.
Las críticas de Rodríguez forman parte del posicionamiento político del Partido Popular frente al real decreto-ley impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales. Los datos citados durante su intervención se utilizan para fundamentar su valoración de la gestión gubernamental, aunque la existencia de indicadores elevados de pobreza no permite, por sí sola, atribuir toda su evolución a una única política o administración.
El enfrentamiento parlamentario refleja las diferencias entre el Gobierno y la oposición sobre el alcance de las medidas sociales, los mecanismos legislativos utilizados para aprobarlas y la respuesta institucional a los problemas económicos de las familias.
Mientras el Ejecutivo presenta las nuevas disposiciones como un avance en el reconocimiento y la protección de distintos modelos familiares, el Partido Popular considera que resultan insuficientes y que llegan después de un periodo prolongado sin las reformas que considera necesarias.
La portavoz de Igualdad del PP ha concluido su intervención con un mensaje dirigido especialmente a las familias monoparentales y numerosas, a las que ha prometido una política familiar diferente si su formación llega al Gobierno.
Rodríguez ha defendido un modelo de actuación basado en la colaboración entre el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, con el objetivo declarado de mejorar la calidad de vida y el poder adquisitivo de los hogares.
La diputada ha insistido en que las políticas de apoyo familiar deben responder a las dificultades económicas y sociales que afrontan numerosos ciudadanos, especialmente aquellos con menores a cargo.
El debate sobre el decreto de familias vuelve a situar en el centro de la discusión política la pobreza infantil, la protección de las familias monoparentales, la inversión social y la conciliación laboral y familiar.
Con su intervención ante Pablo Bustinduy, Patricia Rodríguez ha tratado de convertir los indicadores recogidos en la normativa del propio Ejecutivo en un argumento para cuestionar su gestión y exigir una respuesta más amplia a las necesidades de las familias españolas.
La controversia evidencia las diferencias entre los principales grupos parlamentarios sobre cómo afrontar estos desafíos y sobre el papel que deben desempeñar las distintas administraciones en el desarrollo de las políticas familiares.
