Desarticulan en Burgos una red que cobraba hasta 2.500 euros a embarazadas para trasladarlas a España
La operación desarrollada en Las Merindades continúa abierta y los investigadores no descartan nuevas detenciones por favorecimiento de la inmigración irregular.
La Guardia Civil ha detenido a dos personas en la comarca de Las Merindades, en Burgos, dentro de una investigación sobre una presunta red dedicada a favorecer la inmigración irregular mediante la captación y traslado a España de mujeres embarazadas, principalmente de nacionalidad brasileña, que residían irregularmente en otros países de la Unión Europea.
Según la investigación, la organización promovía que las mujeres viajasen a España durante las últimas fases del embarazo para que sus hijos naciesen en territorio español. Posteriormente, les prestaba asesoramiento para solicitar la nacionalidad española de los menores por el sistema de “simple presunción” y tramitar después autorizaciones de residencia para sus progenitores.
Los investigadores sostienen que el grupo ofrecía a través de redes sociales un denominado “servicio integral” por cantidades de entre 1.000 y 2.500 euros, que incluía alojamiento, desplazamientos, traducción, documentación y asesoramiento administrativo.
La operación permanece abierta y la Guardia Civil no descarta nuevas detenciones.
Captaban a mujeres embarazadas a través de redes sociales
Las pesquisas han permitido identificar un sistema de captación dirigido a potenciales clientes que se encontraban en situación irregular en distintos países de la Unión Europea.
La red habría centrado principalmente su actividad en mujeres embarazadas de origen brasileño, a las que ofrecía trasladarse a España cuando se encontraban en una fase avanzada de la gestación.
De acuerdo con la Guardia Civil, la finalidad era que el nacimiento se produjese en España y posteriormente iniciar los trámites para conseguir la nacionalidad española del menor mediante el procedimiento de simple presunción.
Tras ello, la organización presuntamente asesoraba también a los progenitores para intentar conseguir las correspondientes autorizaciones de residencia en España.
Entre 1.000 y 2.500 euros por un “servicio integral”
Los investigadores consideran que los responsables obtenían beneficios económicos mediante el cobro de diferentes cantidades a las personas captadas.
Los precios oscilaban entre 1.000 y 2.500 euros y daban acceso a lo que se promocionaba como un servicio integral.
Entre las prestaciones ofrecidas se encontraban la búsqueda y reserva de alojamiento, generalmente en habitaciones compartidas, los traslados, los servicios de traducción y la preparación y gestión de documentación.
También proporcionaban asesoramiento durante los procedimientos administrativos que las usuarias necesitaban realizar una vez llegaban a España.
Acompañamiento a hospitales antes y después del parto
La asistencia no terminaba con el desplazamiento hasta Burgos.
Según la investigación, los implicados ofrecían apoyo logístico durante el periodo anterior al nacimiento, incluyendo los desplazamientos de las mujeres embarazadas a centros de salud y hospitales.
Posteriormente, también las acompañaban en diferentes gestiones vinculadas al nacimiento y en la recopilación de la documentación necesaria para iniciar las solicitudes administrativas.
La Guardia Civil investiga ahora si este sistema constituía una actividad organizada destinada a favorecer la inmigración irregular a cambio de un beneficio económico.
Investigan el uso de contratos de alquiler ficticios
Otro de los elementos analizados durante las pesquisas es el supuesto empleo fraudulento de contratos de arrendamiento ficticios o preparados para aparentar que determinadas personas residían realmente en los inmuebles.
Según los investigadores, estos documentos se utilizaban para formalizar empadronamientos y acreditar una residencia que no se correspondía con la realidad.
El objetivo habría sido facilitar la obtención de determinados beneficios administrativos relacionados con la regularización y permanencia de los interesados en territorio español.
Esta parte de la investigación ha llevado a atribuir a los detenidos también un presunto delito de falsedad documental.
También se investigan presuntas coacciones a arrendatarios
Las pesquisas han abierto además otra línea relacionada con las viviendas utilizadas.
La Guardia Civil investiga a los implicados por un supuesto delito de coacciones después de detectar casos en los que presuntamente se habría impedido a varios arrendatarios acceder a las viviendas que ocupaban.
Según la investigación, la finalidad habría sido obligarlos a abandonar los inmuebles y reclamarles determinadas cantidades económicas sin recurrir a los procedimientos establecidos legalmente.
Favorecimiento de la inmigración irregular y organización criminal
A los dos detenidos se les atribuye hasta el momento un presunto delito continuado de favorecimiento de la inmigración irregular, con la agravante que, según la investigación, supondría su comisión dentro de una organización criminal.
También se investigan posibles delitos de organización criminal, falsedad documental y coacciones.
Los detenidos, las diligencias instruidas y los efectos intervenidos han sido puestos a disposición del Tribunal de Instancia de Villarcayo, Sección Civil y Penal número 2, órgano judicial encargado de dirigir la investigación.
La operación continúa abierta, por lo que los agentes mantienen las pesquisas para determinar el alcance de la actividad y la posible participación de otras personas.
Los hechos descritos forman parte de una investigación policial y judicial en curso y las responsabilidades penales deberán determinarse durante el procedimiento correspondiente.
