Así son las nuevas medidas de vivienda aprobadas por el Gobierno: alquileres, desahucios y vivienda asequible
El Ejecutivo extiende el escudo frente a desahucios hasta 2030 y establece medidas para aumentar la estabilidad de los contratos de alquiler.
El Consejo de Ministros aprobó este martes, 29 de septiembre, dos reales decretos ley con nuevas medidas en materia de vivienda que afectan a los desahucios, los contratos de alquiler, las compras de inmuebles por determinados fondos, la fiscalidad de los pisos turísticos y el impulso de la vivienda asequible y pública.
Entre las principales novedades se encuentra la ampliación hasta el 31 de diciembre de 2030 de determinadas medidas de protección frente a los desahucios, así como la prohibición temporal de compras especulativas por parte de los denominados fondos buitre y nuevas medidas destinadas a reforzar la estabilidad de los contratos de alquiler.
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, vinculó la urgencia de las medidas al debate generado tras el reciente desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años en Madrid. Rodríguez defendió que el paquete pretende evitar que vuelvan a producirse situaciones similares y reclamó respaldo parlamentario para su convalidación.
Los reales decretos ley necesitan ser convalidados por el Congreso de los Diputados, por lo que el paquete deberá superar ese trámite parlamentario para mantener su vigencia.
El escudo frente a los desahucios se amplía hasta 2030
Uno de los principales cambios afecta a la protección de personas en situación de vulnerabilidad.
El primero de los reales decretos ley amplía hasta el 31 de diciembre de 2030 las medidas extraordinarias de protección frente a determinados desahucios. Hasta ahora, la normativa vigente contemplaba la suspensión hasta el 31 de diciembre de 2026 en los supuestos y con las condiciones establecidas legalmente.
El nuevo texto incluye mecanismos como las suspensiones en determinados procedimientos y la denominada enervación extraordinaria en casos de desahucio por impago de las rentas.
El Gobierno presenta esta ampliación como una de las piezas fundamentales del nuevo escudo social en materia de vivienda.
Prohibición temporal de compras especulativas por parte de fondos
Otro de los ejes se dirige a las operaciones inmobiliarias realizadas por determinados fondos.
La referencia oficial del Consejo de Ministros establece una prohibición de las compras especulativas por parte de los denominados fondos buitre hasta el 31 de diciembre de 2028.
Rodríguez aseguró que el objetivo es identificar a las empresas afectadas e impedir que continúen realizando determinadas operaciones especulativas con vivienda.
El Ejecutivo también plantea cambios en la fiscalidad de las sociedades anónimas cotizadas de inversión inmobiliaria (socimi) con el propósito declarado de orientar su actividad hacia la vivienda asequible.
Cambios para alquileres de temporada y habitaciones
El paquete incorpora además medidas contra el fraude que el Gobierno considera que se está produciendo mediante contratos de alquiler de temporada y de habitaciones.
El Ejecutivo busca evitar que estas modalidades puedan utilizarse para eludir las obligaciones correspondientes a los contratos de vivienda habitual.
A ello se suma una modificación fiscal para los pisos turísticos, para los que el Gobierno establece un IVA del 10%.
La ministra de Vivienda recordó también que corresponde a las comunidades autónomas actuar frente a los pisos turísticos ilegales dentro de sus respectivas competencias.
Prórrogas y mayor estabilidad para los contratos de alquiler
El Consejo de Ministros aprobó un segundo real decreto ley específicamente dirigido a reforzar la estabilidad de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual.
La normativa aprobada contempla mecanismos para prolongar la duración de determinados contratos y evitar que el final de estos obligue automáticamente a los inquilinos a buscar una nueva vivienda.
La referencia oficial del Consejo de Ministros recoge, entre las principales medidas, una prórroga de dos años para contratos en vigor que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028.
Estas medidas se añaden a las adoptadas anteriormente durante 2026. En marzo, el Gobierno ya había aprobado una prórroga extraordinaria de hasta dos años para determinados contratos de vivienda habitual, además de una limitación extraordinaria de la actualización anual de las rentas en el contexto de las consecuencias económicas de la guerra de Irán.
Bonificaciones para rentas de hasta 33.000 euros
El paquete aprobado también pretende reducir el porcentaje de los ingresos familiares destinado a pagar la vivienda.
Entre las medidas anunciadas por el Gobierno figuran bonificaciones fiscales para rentas de hasta 33.000 euros, graduadas en función de los ingresos.
Según explicó Rodríguez, para algunos hogares este mecanismo podría equivaler al ahorro aproximado de una mensualidad del alquiler.
También se contemplan incentivos fiscales para propietarios particulares y un nuevo mecanismo de financiación a tipo de interés cero para facilitar el acceso a la primera vivienda.
IVA del 4% para vivienda protegida y de promoción pública
Otro de los objetivos del paquete es incrementar la oferta de vivienda asequible.
El Gobierno pretende reforzar la protección del parque público y activar recursos de la Administración General del Estado para incorporar nuevos inmuebles a través de la entidad estatal Casa 47.
Entre las medidas fiscales anunciadas figura además la reducción al 4% del IVA aplicable a las viviendas de promoción pública y a la vivienda protegida.
Rodríguez defendió durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que incrementar la oferta, especialmente la pública, constituye uno de los principales instrumentos del Ejecutivo para afrontar los problemas de acceso a la vivienda.
El paquete deberá pasar por el Congreso
Al tratarse de reales decretos ley, las nuevas medidas quedan sometidas al correspondiente procedimiento de convalidación parlamentaria.
El Gobierno ha reclamado el apoyo de los grupos del Congreso para mantener las medidas y Rodríguez pidió “altura de miras y generosidad” a los diputados ante la votación.
El paquete supone una ampliación considerable de la estrategia estatal en materia de vivienda, con actuaciones que abarcan desde la protección ante determinados desahucios hasta la duración de los alquileres, la fiscalidad, las operaciones de fondos inmobiliarios y el crecimiento del parque público.
