Feijóo advierte de que España necesita invertir 300.000 millones en infraestructuras y promete un Gobierno de gestores

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de mantener durante los últimos ocho años una «negligencia continuada» en la gestión de las infraestructuras españolas, especialmente en el ámbito ferroviario, y ha defendido la necesidad de impulsar un cambio político basado en la experiencia, el rigor y la capacidad de gestión. El líder de la oposición ha advertido de que España necesita inversiones de hasta 300.000 millones de euros en infraestructuras ferroviarias, hidráulicas, viarias y eléctricas, al tiempo que ha prometido una auditoría del gasto público y una revisión de la situación de los servicios esenciales si llega a la Presidencia del Gobierno.

Durante una entrevista concedida este lunes 2 de noviembre a El programa de Ana Rosa, Feijóo ha situado el grave accidente ferroviario de Urda, en Toledo, en el centro de sus críticas al Ejecutivo. El dirigente popular considera que la tragedia evidencia la necesidad de revisar el funcionamiento de la red de alta velocidad y ha cuestionado la respuesta del Ministerio de Transportes, encabezado por Óscar Puente.

Según ha denunciado, el Gobierno no habría atendido las advertencias realizadas por los maquinistas ni las quejas procedentes del centro de control ferroviario de Atocha por la sobrecarga de trabajo. También ha reprochado al Ejecutivo que no haya desarrollado las auditorías y el plan de choque en materia ferroviaria que, según ha recordado, fueron aprobados por el Congreso a iniciativa del Partido Popular.

Estas afirmaciones forman parte de las críticas políticas del líder de la oposición y no constituyen, por sí mismas, una conclusión sobre las causas del accidente de Urda, que continúan siendo objeto de investigación.

Feijóo ha sostenido que la gestión de las infraestructuras debería convertirse en una prioridad para el próximo Gobierno y ha advertido de que la situación que heredará el futuro Ejecutivo será, a su juicio, de «pronóstico reservado». En este sentido, ha defendido que las necesidades de inversión acumuladas alcanzan los 300.000 millones de euros, una estimación que engloba actuaciones en las redes ferroviarias, las carreteras, las infraestructuras hidráulicas y el sistema eléctrico.

El presidente del PP ha vinculado esta situación con lo que considera una falta de planificación y mantenimiento durante los últimos años. También ha criticado que el Ejecutivo haya dispuesto de importantes recursos económicos procedentes de la recaudación tributaria, el incremento de la deuda pública y los fondos europeos sin que, en su opinión, se haya producido una mejora suficiente de los servicios públicos.

En relación con la seguridad ferroviaria, Feijóo ha llegado a afirmar que España concentra el «70% de las muertes en alta velocidad del mundo», una cifra utilizada por el dirigente popular durante su intervención que requeriría una comprobación estadística específica para establecer su alcance y el periodo al que se refiere.

El líder de la oposición ha sido especialmente crítico con la actuación del Gobierno tras el accidente de Urda. Ha acusado al Ejecutivo de prestar más atención a la repercusión electoral de la tragedia que a las necesidades de las víctimas y sus familiares, al sostener que, en lugar de impulsar una auditoría ferroviaria, estaría realizando una «auditoría demoscópica».

«Le interesa mucho más el relato que las víctimas y mucho más la percepción demoscópica que cumplir con su deber», ha manifestado Feijóo, quien también ha reclamado responsabilidades políticas al ministro de Transportes. En su opinión, Óscar Puente debería haber dimitido hace tiempo, aunque ha extendido sus críticas al propio Pedro Sánchez por haber designado tanto al actual responsable del departamento como a su antecesor, José Luis Ábalos.

Feijóo ha cuestionado igualmente los nombramientos realizados en el ámbito de las infraestructuras públicas y ha recordado que diferentes personas vinculadas a anteriores responsabilidades ministeriales aparecen mencionadas en investigaciones judiciales relacionadas con presuntas irregularidades en la contratación de obra pública. También ha señalado que Koldo García formó parte del Consejo de Administración de Adif, utilizando este hecho para cuestionar los criterios de selección de determinados cargos. La existencia de investigaciones o menciones en procedimientos judiciales no implica, por sí sola, la acreditación de responsabilidades penales.

Frente a esta situación, el presidente popular ha defendido un modelo de Gobierno basado en la preparación técnica y la experiencia profesional de quienes ocupen responsabilidades públicas. «Yo vengo a ofrecer gestión, rigor y experiencia», ha asegurado, al tiempo que ha explicado que su compromiso político se dirige al conjunto de los ciudadanos españoles y no a una estrategia de comunicación personal.

Feijóo ha afirmado que, si alcanza la Presidencia del Gobierno, buscará que los nombramientos de altos cargos respondan a criterios de honestidad, competencia profesional, conocimiento de las materias que deban gestionar y experiencia acreditada. También ha defendido la necesidad de garantizar la trazabilidad de las decisiones públicas y de reforzar los mecanismos de control administrativo.

«Yo no soy un personaje de cartón-piedra», ha señalado durante la entrevista, en la que ha rechazado lo que considera una política centrada en la imagen y el espectáculo. El dirigente popular ha insistido en que gobernar exige preparación previa y capacidad para adoptar decisiones complejas desde el primer momento.

Uno de sus principales compromisos es la realización de una auditoría del gasto público para conocer la situación económica y administrativa del país, identificar posibles ineficiencias y reducir lo que considera gastos innecesarios de carácter burocrático, administrativo y político.

En este contexto, ha cuestionado el número de asesores del Palacio de la Moncloa, que ha situado en 700, y lo ha comparado con las tensiones laborales que, según ha denunciado, afectan al centro de control de la alta velocidad de Atocha. Con esta comparación, Feijóo ha pretendido ilustrar lo que considera un desequilibrio entre los recursos destinados a estructuras políticas y los empleados en servicios esenciales.

El presidente del PP ha extendido sus críticas a otros ámbitos de la Administración, asegurando que el Gobierno ha abandonado los servicios públicos y carece de una planificación suficiente en materia económica, presupuestaria, sanitaria y educativa. Ha mencionado las movilizaciones laborales en el sector sanitario y los resultados del informe PISA como ejemplos de problemas que, en su opinión, requieren una respuesta más eficaz.

Feijóo ha pedido además a los dirigentes y representantes del Partido Popular que mantengan una actitud especialmente rigurosa durante las próximas semanas. Ha reclamado evitar las confrontaciones que considera estériles y no entrar en las «tretas» del PSOE, defendiendo una imagen política basada en la seriedad, la previsibilidad y la capacidad de ofrecer soluciones.

«Extrememos el rigor porque la gente está observando a los políticos que son serios, sólidos, previsibles, que no hiperactúan y que no se dedican a las redes sociales», ha afirmado, antes de resumir su propuesta con una de las principales ideas de su intervención: «España necesita volver a funcionar».

La entrevista también ha abordado la situación política nacional y la estrategia electoral del presidente del Gobierno. Feijóo ha acusado a Pedro Sánchez de intentar transformar el Partido Socialista en una coalición más amplia de fuerzas de izquierda y organizaciones independentistas, afirmando que el PSOE habría perdido parte de su identidad política tradicional.

El dirigente popular ha criticado la relación del Ejecutivo con sus socios parlamentarios y ha atribuido a estas alianzas parte de los problemas de gobernabilidad que, a su juicio, ha atravesado España durante la legislatura. También ha cuestionado los acuerdos alcanzados para la investidura y ha sostenido que las decisiones del Gobierno han respondido en demasiadas ocasiones a la necesidad de mantener apoyos políticos.

En materia de vivienda, Feijóo ha reiterado su propuesta de impulsar la construcción de un millón de viviendas en España, una de las principales medidas de su programa para afrontar las dificultades de acceso al mercado inmobiliario.

El presidente popular considera necesario desbloquear tres reformas legislativas: la denominada ley antiokupación, la ley del suelo y la ley de propiedad horizontal. Según ha explicado, estas modificaciones permitirían mejorar la seguridad jurídica, agilizar la construcción de nuevos inmuebles y facilitar actuaciones relacionadas con el parque residencial.

La propuesta se enmarca en su objetivo de aumentar la oferta de vivienda y reducir los obstáculos administrativos que, según el Partido Popular, dificultan la promoción inmobiliaria. Feijóo ha defendido que la respuesta a la crisis habitacional debe combinar reformas normativas con una mayor capacidad de gestión de las administraciones públicas.

Otro de los asuntos abordados ha sido la situación de Ceuta y las relaciones diplomáticas entre España y Marruecos. Tres meses después de los acontecimientos fronterizos que el dirigente popular ha calificado como una invasión, Feijóo ha reclamado una actuación diplomática dirigida a resolver la situación y facilitar el retorno de las personas que hayan entrado irregularmente, de acuerdo con los procedimientos legales aplicables.

El líder del PP ha criticado la posición del Gobierno español respecto a las iniciativas europeas en materia de retorno de migrantes y ha defendido la necesidad de reforzar los mecanismos de respuesta ante situaciones en las que la inmigración pueda utilizarse como instrumento de presión sobre las fronteras.

Feijóo ha asegurado que, bajo su liderazgo, las relaciones con Marruecos estarían presididas por la buena vecindad y la lealtad institucional, pero también por una mayor firmeza en la defensa de los intereses españoles. Ha sostenido que el presidente del Gobierno debe disponer de plena autonomía para adoptar decisiones de política exterior y no puede estar condicionado por posibles presiones de otros países.

En este sentido, ha propuesto una política exterior centrada en los intereses de España, con el objetivo de reforzar las relaciones con los aliados tradicionales y recuperar, según sus palabras, una posición internacional basada en la credibilidad y el respeto.

Respecto a la inmigración, Feijóo ha reconocido que la llegada de trabajadores extranjeros resulta necesaria para determinados sectores de la economía española, aunque ha rechazado lo que denomina una política de «descontrol migratorio». El dirigente popular ha defendido la necesidad de establecer criterios de entrada y permanencia vinculados al cumplimiento de la legislación y ha expresado su oposición a una regularización generalizada de personas que hayan accedido irregularmente al territorio nacional.

Las declaraciones del presidente del Partido Popular llegan en un contexto político marcado por la proximidad de las elecciones generales del 29 de noviembre y por el debate sobre la seguridad de las infraestructuras tras el accidente ferroviario de Urda.

Feijóo ha aprovechado su intervención para presentar la gestión de los servicios públicos, la inversión en infraestructuras, el control del gasto y la selección de responsables políticos con experiencia como los principales ejes de su alternativa al Gobierno de Pedro Sánchez.

El dirigente popular considera que España necesita un cambio en la forma de administrar los recursos públicos y ha insistido en que su objetivo es formar «un Gobierno que gobierne y que gestione para que España vuelva a funcionar».

Su propuesta combina una revisión del estado de las infraestructuras, una auditoría del gasto público, reformas en vivienda y una política exterior y migratoria más restrictiva en determinados ámbitos. Todo ello bajo el compromiso de priorizar la competencia técnica y la experiencia en los nombramientos, frente a lo que considera una gestión insuficiente del actual Ejecutivo.