La cultura es una industria estratégica de nuestro país porque representa el 3,4% del PIB y emplea de manera directa, a más de 700.000 personas. También lo es de otras industrias tan relevantes como el turismo o la hostelería. Además, la cultura es un derecho fundamental de las personas, y así lo reconoce la Constitución Española, y como tal debe de ser protegido y fomentado.
Desde el PSOE se propone, la concreción de este derecho fundamental a través de un desarrollo legislativo a nivel autonómico acorde con la importancia de este capítulo del catálogo de derechos ciudadanos. A diferencia de otros países de nuestro entorno, la cultura carece de una legislación transversal que la proteja y la potencie como industria, a la vez que garantiza el derecho de todos los españoles y españolas a participar en la vida cultural.
De igual manera, la propia UNESCO en su Declaración de Florencia de 2015, incluye la cultura como un elemento de desarrollo sostenible e integral para las sociedades, declarándola un derecho más de los derechos ciudadanos.
Por ello, desde el partido socialista, estamos comprometidos en avanzar hacia una legislación transversal de la cultura como derecho fundamental de la ciudadanía, a la vez que protegemos su tejido empresarial y trabajadores.
En este sentido, la declaración de la cultura como “bien básico y de primera necesidad” en la Ley 14/2021, de 11 de octubre, es una avance claro y decisivo para el desarrollo de leyes que protejan los derechos culturales. El PSOE lleva a cabo avances en este sentido en algunas Comunidades Autónomas como Canarias o Madrid donde se ha avanzado en la garantía del derecho a la cultura con la “Ley del sistema público de cultura de Canarias”, que se encuentra en este momento en estado de tramitación.
Un Proyecto de Ley que, para la secretaria de Cultura y Deportes , Manuela Villa, «garantiza el derecho a participar en la vida cultural de la ciudadanía donde, la principal novedad es que se concibe la cultura como un sistema de servicio público». Al igual que otros sistemas como el educativo, el sanitario o el universitario; y por tanto se establece una regulación y un funcionamiento público- privado conjunto.
Algunas de las consecuencias de esta ley son:
- Crear un órgano de coordinación público-privado que vele por el buen funcionamiento del sistema cultural y por la coordinación entre el Estado, la región y los municipios
- Que este órgano coordinador se encargue de la elaboración de planes plurianuales que definan las directrices de las políticas culturales de la región
- Aumentar paulatinamente el presupuesto que se dedica a cultura hasta llegar al 2% del presupuesto total, tal y como recomienda el Parlamento Europeo
- Transformar la principal empresa pública que gestiona la cultura en un organismo autónomo para evitar injerencias de tipo político.
- Revisar la adecuación del personal necesario para el correcto funcionamiento del sistema cultural, adecuando los recursos humanos del sector público a los objetivos del plan de cultura
En este sentido, el próximo mes de noviembre, el PSOE organizará una jornada de trabajo con responsables autonómicos, representantes del sector cultural y expertos sobre legislación en materia de derechos culturales.
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