Desarticulada una organización que utilizaba cinco gasolineras de Sevilla y Huelva para vender combustible decomisado

Una empresa autorizada para gestionar la destrucción de combustible intervenido simulaba su eliminación mientras lo distribuía a cinco estaciones de servicio de bajo coste. Dos arrestados han ingresado en prisión.

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La Guardia Civil detiene a cinco personas y registra 11 inmuebles y establecimientos en Cádiz, Sevilla y Huelva. La organización habría desviado más de 700.000 litros de carburante desde febrero.

La Guardia Civil destapa un fraude millonario con combustible incautado que acababa en gasolineras de Sevilla y Huelva

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal que presuntamente desviaba combustible incautado en operaciones contra el narcotráfico para venderlo en cinco gasolineras de bajo coste situadas en Sevilla y Huelva. La investigación, desarrollada bajo el nombre de operación Nexus, se ha saldado con cinco personas detenidas, 11 registros y el ingreso en prisión de dos de los arrestados.

Según ha informado este 20 de noviembre de 2026 la Guardia Civil, la trama habría conseguido apropiarse de más de 700.000 litros de combustible desde el pasado mes de febrero, obteniendo unos beneficios económicos superiores al millón de euros. El entramado operaba a través de una empresa del sector energético e industrial con sede en Cádiz, que contaba con autorización para recoger, tratar y eliminar carburante intervenido por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en Andalucía.

La investigación comenzó en julio, cuando los agentes tuvieron conocimiento de una posible actividad ilícita relacionada con esta compañía. Las primeras pesquisas se centraron en comprobar qué ocurría con el combustible que debía trasladarse a plantas especializadas para su tratamiento y posterior destrucción.

Los investigadores descubrieron que la empresa utilizaba su actividad legal como cobertura para desarrollar un negocio paralelo. En lugar de completar el procedimiento autorizado de eliminación, el combustible era desviado y almacenado en naves industriales antes de ser distribuido a estaciones de servicio, donde acababa comercializándose entre los consumidores.

La organización aprovechaba un contrato oficial que permitía a la empresa gestionar el ciclo de reciclaje del carburante incautado en actuaciones contra el narcotráfico. Bajo esta cobertura, aparentaba cumplir con las labores de recogida, almacenamiento y traslado a instalaciones de tratamiento, presentándose como una compañía especializada en economía circular y gestión de residuos.

Sin embargo, según las conclusiones de la investigación, el combustible no seguía el destino previsto. Para simular que había sido eliminado correctamente, los responsables hacían constar que el carburante trasladado a las plantas de reciclaje estaba adulterado con agua, creando así una apariencia de cumplimiento del procedimiento legal.

Este mecanismo habría permitido ocultar el desvío de grandes cantidades de combustible y mantener durante meses una actividad que generó importantes beneficios económicos.

Las pesquisas permitieron determinar que el principal responsable de la organización y un familiar directo habían puesto en funcionamiento cinco gasolineras low cost en las provincias de Sevilla y Huelva. Estos establecimientos constituían el destino final del combustible desviado.

El carburante era transportado hasta las estaciones de servicio y descargado directamente en sus depósitos de almacenamiento para su posterior venta al público. De esta manera, un producto que debía ser gestionado como combustible intervenido y destinado a su tratamiento o eliminación terminaba incorporándose al circuito comercial.

La Guardia Civil señala que el carburante se distribuía sin los controles ni las garantías correspondientes, lo que motivó que entre los presuntos delitos investigados figuren también infracciones contra los consumidores.

Además, los agentes localizaron diferentes naves industriales utilizadas para almacenar el combustible antes de su distribución. Algunas de estas instalaciones no reunían las condiciones de seguridad exigibles para albergar sustancias inflamables, circunstancia que añadía riesgos a la actividad desarrollada por la organización.

La estructura investigada estaba integrada por cinco personas que, según la Guardia Civil, desempeñaban distintas funciones dentro del entramado. El principal investigado dirigía la actividad desde la empresa energética, mientras que otros integrantes participaban en las operaciones necesarias para mantener el sistema de desvío, almacenamiento y comercialización.

El volumen de combustible presuntamente apropiado da una idea de la dimensión de la actividad. Desde febrero de 2026, la organización habría desviado más de 700.000 litros, una cantidad que, de acuerdo con las estimaciones policiales, le permitió obtener beneficios superiores a un millón de euros.

Tras avanzar en la investigación y reconstruir el funcionamiento de la red, la Guardia Civil desarrolló un operativo que incluyó 11 registros en las provincias de Cádiz, Sevilla y Huelva.

Tres de ellos se practicaron en domicilios situados en El Puerto de Santa María, Chiclana de la Frontera y Jerez de la Frontera, todos ellos en la provincia de Cádiz. Los agentes también registraron tres naves industriales y sedes sociales relacionadas con la actividad investigada, además de las cinco estaciones de servicio de Sevilla y Huelva.

Durante estas actuaciones se intervinieron 57.525 litros de combustible y 59.170 euros en efectivo, así como cinco vehículos de alta gama, numerosas joyas y relojes de lujo.

Los investigadores también localizaron cuatro servidores de criptomonedas y diverso material informático, que fueron intervenidos durante los registros. La información facilitada por la Guardia Civil no concreta qué función desempeñaban estos equipos dentro de la organización.

El operativo concluyó con la detención de los cinco presuntos integrantes de la trama, incluido su principal responsable.

A los investigados se les atribuyen presuntos delitos de apropiación indebida, estafa, falsedad documental, delitos contra la Hacienda Pública, malversación de caudales y delitos contra los consumidores.

La actuación policial ha sido desarrollada por el Equipo de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Cádiz, encargado de investigar el destino del combustible y las operaciones económicas vinculadas a su comercialización.

Tras la puesta a disposición judicial de los detenidos, la autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión de dos de ellos. No se han facilitado más detalles sobre las medidas adoptadas respecto a los otros tres arrestados.

La operación Nexus pone al descubierto un presunto fraude que aprovechaba un servicio autorizado de gestión de residuos para comercializar combustible procedente de incautaciones policiales. La actividad investigada no solo habría provocado un beneficio económico ilícito, sino que también habría permitido vender al consumidor final carburante que no había pasado por los controles correspondientes.

Con cinco detenidos, dos ingresos en prisión y más de 57.000 litros de combustible intervenidos, la Guardia Civil da por desarticulada una organización que, según las pesquisas, utilizaba una empresa legal y cinco gasolineras de bajo coste para obtener beneficios millonarios a partir de carburante incautado en operaciones contra el narcotráfico.

Las responsabilidades penales de los investigados deberán determinarse en el procedimiento judicial correspondiente, respetando en todo momento su presunción de inocencia.

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