Desmantelada en Toledo una red que cobraba hasta 400 euros por empadronamientos ilegales a inmigrantes
La Guardia Civil destapa una trama de empadronamientos fraudulentos en Seseña con 91 personas en una vivienda
La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas acusadas de integrar una red criminal dedicada a realizar empadronamientos fraudulentos en Seseña, Toledo, con el objetivo de regularizar de forma ilegal la situación administrativa de ciudadanos extranjeros en España.
La investigación, desarrollada por agentes de la Guardia Civil, comenzó tras detectarse un incremento inusual y desproporcionado de solicitudes de empadronamiento en esta localidad toledana. Las pesquisas revelaron situaciones especialmente llamativas, como viviendas en las que figuraban registradas hasta 91 personas en un mismo domicilio.
Tras analizar numerosos expedientes municipales, los investigadores comprobaron que muchas de las solicitudes habían sido gestionadas reiteradamente por las mismas personas y que algunos contratos de arrendamiento presentaban claros indicios de falsedad documental.
Según la investigación, la organización se dedicaba a captar ciudadanos extranjeros en situación irregular de distintas nacionalidades, principalmente procedentes de Marruecos, Túnez, Argelia y Egipto. A cambio de facilitarles la documentación necesaria para empadronarse y avanzar en la regularización de su situación administrativa, los implicados cobraban cantidades que oscilaban entre los 300 y los 400 euros por persona.
Los agentes descubrieron que la trama utilizaba diferentes métodos para ejecutar el fraude. Entre ellos destacaban la falsificación de documentos y la utilización de autorizaciones presuntamente firmadas por propietarios de viviendas, con las que conseguían tramitar empadronamientos irregulares ante la administración.
La magnitud de la operación ha permitido identificar ya a más de 400 personas afectadas por esta red. Los investigadores han recopilado además múltiples denuncias y testimonios relacionados con estas prácticas fraudulentas.
La Guardia Civil mantiene abierta la investigación y no descarta nuevas actuaciones relacionadas con esta trama de falsedad documental y fraude administrativo en la provincia de Toledo.
El caso ha vuelto a poner el foco sobre el uso fraudulento del padrón municipal como vía para intentar acceder a procesos de regularización administrativa en España, una práctica que preocupa especialmente a las autoridades por sus posibles implicaciones legales y sociales.
