El Gobierno impulsa una reforma universitaria centrada en la calidad, la financiación y la igualdad de oportunidades

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha reivindicado la calidad educativa y la igualdad de oportunidades como pilares fundamentales del sistema universitario español durante el Pleno del Consejo de Universidades celebrado este lunes.

Morant, que presidió por tercera vez este órgano desde que asumió las competencias universitarias, defendió el papel de las universidades como motores de movilidad social y destacó la necesidad de reforzar la financiación pública para garantizar un acceso equitativo a la educación superior.

“La calidad universitaria debe ir acompañada de una financiación adecuada que permita afrontar retos como la internacionalización, reducir la precariedad y ampliar la oferta de plazas para que nadie quede excluido por motivos económicos”, señaló la ministra durante su intervención.

Uno de los principales asuntos abordados en la reunión fue la reforma del sistema de homologación y equivalencia de títulos universitarios obtenidos en el extranjero. El Ministerio trabaja en un nuevo Real Decreto que pretende agilizar y modernizar unos procedimientos cada vez más demandados debido al creciente atractivo de España como destino académico y profesional.

Entre las novedades previstas destaca la creación de la Oficina Nacional de Reconocimiento Académico y Profesional de Títulos Universitarios Extranjeros (ONR-NARIC), que dependerá de la Secretaría General de Universidades y centralizará la gestión de estos expedientes.

La futura normativa también reforzará el papel de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación en la evaluación académica de las solicitudes, impulsará la tramitación electrónica y establecerá criterios más claros para los aspirantes que soliciten el reconocimiento de sus titulaciones.

Además, el nuevo modelo contempla mecanismos para compensar posibles diferencias formativas mediante pruebas específicas, prácticas o cursos complementarios, con el objetivo de garantizar que los títulos homologados mantengan los mismos estándares académicos exigidos en España.

Otro de los proyectos destacados es la actualización del Estatuto del Estudiantado Universitario, una normativa que no se revisaba desde hace quince años y que busca adaptarse a los cambios sociales, tecnológicos y educativos experimentados durante este periodo.

La propuesta cuenta con el respaldo de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas y del Consejo de Estudiantes Universitario del Estado, y pretende garantizar la igualdad de derechos para todos los estudiantes independientemente de la universidad o modalidad de enseñanza que cursen.

Entre las principales novedades figuran el reconocimiento expreso de derechos vinculados a la salud mental y la atención psicológica, medidas para favorecer la conciliación entre estudios y trabajo, una mayor participación estudiantil en los órganos de gobierno universitarios y la obligación de disponer de protocolos específicos frente al suicidio, el acoso sexual, la discriminación y otras formas de violencia.

La futura regulación también incorporará medidas orientadas a prevenir el uso fraudulento de la inteligencia artificial en el ámbito académico, uno de los desafíos que actualmente afrontan las universidades en todo el mundo.

Durante la sesión, el Ministerio informó además sobre otros tres proyectos normativos relacionados con la acreditación del profesorado universitario, la definición de especialidades de conocimiento para concursos docentes y la aprobación del nuevo Estatuto de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

Al encuentro asistieron representantes institucionales del ámbito universitario, entre ellos el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa; el secretario general de Universidades, Francisco García; el presidente de la CRUE, Julián Garde; y representantes de universidades públicas y privadas de toda España.