La Guardia Civil, en colaboración con los servicios veterinarios del Departamento Provincial de Sanidad del Gobierno de Aragón, de la Comunidad Valenciana y de la Junta de Andalucía, han llevado a cabo la denominada operación Potacar que ha finalizado con la incautación de más de 28 toneladas de alimentos.
La comida intervenida estaba en almacenes de distribución ubicados en la provincia de Zaragoza, Valencia y Almería. Durante dicha operación se ha detenido a ocho personas y se investiga a otras 81 por presuntos delitos de estafa, contra la salud pública, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal.
La investigación
La primera inspección tuvo lugar en las instalaciones de una empresa ubicada en Cuarte de Huerva (Zaragoza), donde se intervinieron 1.222 kilos de alimentos que presentaban irregularidades al haber reetiquetarse con ampliación de la fecha de caducidad o consumo preferente. Tras el análisis de la trazabilidad, los investigadores confirman la comercialización de diversos lotes a otros establecimientos con fechas superadas.
En una segunda inspección a otra empresa en Zaragoza, la Guardia Civil ha incautado 1.708 kilos de productos en idénticas circunstancias: fechas de consumo caducadas, así como alimentos que debían haberse comercializado como producto fresco, y que se congelaron antes de su fecha de caducidad y se pusieron a la venta posteriormente con la fecha rebasada.
Además de esta empresa, se inspeccionaron otros 19 establecimientos en las localidades de Calatayud, Alagón, La Puebla de Alfindén, Cuarte de Huerva y los barrios de Monzalbarba y Santa Isabel en los que el SEPRONA detectó irregularidades.
En otra inspección, los investigadores se trasladaron a la localidad valenciana de Xirivella y, junto con inspectores del Departamento de Sanidad de la Comunidad Valenciana, descubrieron una empresa que comercializaba productos con la fecha de caducidad vencida e irregularidades en el etiquetado y, cuyo género estaba pendiente de ser introducido.
Además, en esta tercera fase que se desarrolló durante meses, se inspeccionaron numerosos establecimientos en Zaragoza, Alfajarín, La Puebla de Alfindén, Casablanca, Villanueva de Gállego, Zuera; Almudévar (HU); Benicassim (Castellón); Xirivella, Godella y Liria (Valencia); Elda (Alicante); Huercal y Huercal Overa (Almería); Murcia, Puerto Lumbreras, Cartagena y Mazarrón (Murcia). En total, los agentes intervinieron 18.196 kilos de productos no aptos para consumo humano.
Durante la última fase, el SEPRONA e inspectores del Departamento de Sanidad de la DGA, realizaron otras 45 inspecciones en distintos establecimientos de la provincia e intervinieron 6.993 kilos de productos irregulares. La mayoría de los alimentos se localizaron en una empresa de Zaragoza que suministraba productos cárnicos a otros establecimientos.
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