La Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo ya analiza 317 casos de abusos en la Iglesia

La Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo ya ha comenzado a tramitar y analizar centenares de casos relacionados con abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica. Desde su constitución oficial el pasado 15 de abril, este nuevo órgano ha abierto 317 expedientes derivados de las 377 solicitudes recibidas hasta la fecha a través del Ministerio de Presidencia.

Los integrantes de la Unidad mantuvieron este lunes una reunión en la sede del Defensor del Pueblo para avanzar en la puesta en marcha del nuevo sistema de atención y reparación a víctimas, establecido mediante el protocolo firmado el pasado 30 de marzo entre la Iglesia católica, el Gobierno de España y el Defensor del Pueblo.

El acuerdo fija el funcionamiento y los plazos del procedimiento para evaluar cada caso de manera individualizada. La Unidad de Víctimas será la encargada de analizar las solicitudes y elaborar las propuestas de reconocimiento oficial de la condición de víctima, así como las medidas de reparación correspondientes.

El sistema contempla diferentes fórmulas de reparación. Entre ellas figuran medidas simbólicas o restaurativas orientadas al reconocimiento institucional, el acompañamiento psicológico y las peticiones de disculpas. Además, el protocolo prevé posibles compensaciones económicas por los daños sufridos y por los gastos derivados de tratamientos médicos o psicológicos relacionados con las secuelas de los abusos.

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha defendido desde la firma del protocolo la necesidad de abordar estos procesos desde una perspectiva humana y personalizada. Según ha señalado, el objetivo principal es “recuperar a la persona y reparar daños”, alejándose de procedimientos burocráticos impersonales.

La nueva Unidad de Víctimas está integrada por especialistas independientes de reconocido prestigio en ámbitos como la victimología, la psicología, la criminología y distintas ramas del derecho. Entre sus miembros figuran catedráticos universitarios, fiscales, juristas, psicólogos forenses y expertos en violencia sexual.

El órgano cuenta con profesionales como Noemí Pereda Beltrán, el psicólogo forense José Manuel Muñoz, la fiscal María Jesús Raimundo Rodríguez o el catedrático de Derecho Penal Josep María Tamarit Sumalla, entre otros especialistas.

El protocolo también establece la participación de la Conferencia Episcopal Española y de la CONFER a través de la denominada Comisión Asesora PRIVA, que deberá emitir informes motivados sobre las valoraciones realizadas por la Unidad de Víctimas.

En aquellos casos en los que no exista acuerdo entre las partes implicadas, intervendrá una Comisión Mixta integrada por representantes del Gobierno, la Iglesia, el Defensor del Pueblo y asociaciones de víctimas, con el objetivo de intentar alcanzar consensos sobre las medidas de reconocimiento y reparación.

La creación de esta estructura supone uno de los principales pasos institucionales dados hasta ahora en España para abordar de manera coordinada las denuncias y consecuencias derivadas de los abusos sexuales cometidos en el entorno de la Iglesia católica.