Sánchez aprueba 21 medidas antes de las elecciones: préstamos sin intereses, alquileres y límites a los fondos buitre
Tras la disolución de las Cortes, las normas deberán pasar por la Diputación Permanente, donde Sánchez admite que una de ellas no cuenta actualmente con mayoría suficiente.
El Consejo de Ministros ha aprobado 21 medidas para facilitar el acceso a la vivienda, agrupadas en dos reales decretos ley que recuperan buena parte de las iniciativas rechazadas recientemente por el Congreso e incorporan nuevas actuaciones dirigidas al alquiler, la compra de la primera vivienda y el incremento de la oferta disponible.
Entre las novedades más destacadas figura una línea de financiación de 10.000 millones de euros, gestionada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), que permitirá conceder préstamos de hasta 50.000 euros sin intereses a quienes quieran adquirir su primera vivienda.
El paquete incluye además deducciones fiscales para inquilinos, incentivos para pequeños propietarios que alquilen a precios asequibles, 280 millones para impulsar la construcción industrializada y otros 400 millones destinados a proveedores de vivienda social.
La aprobación se produce en un escenario político excepcional, apenas un día después de la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre. Los decretos deberán ser convalidados ahora por la Diputación Permanente del Congreso.
Préstamos de hasta 50.000 euros sin intereses para comprar la primera vivienda
Uno de los principales ejes del nuevo paquete pretende facilitar tanto el alquiler asequible como la adquisición de una vivienda.
Para ello, el Ejecutivo crea una línea dotada con 10.000 millones de euros para conceder préstamos de hasta 50.000 euros sin intereses a las personas que quieran comprar su primera vivienda.
La financiación será gestionada por el ICO y tendrá carácter intergeneracional, aunque Pedro Sánchez ha puesto especialmente el foco en los jóvenes.
El presidente ha señalado que disponer del dinero necesario para afrontar la entrada de una hipoteca constituye actualmente uno de los principales obstáculos para la emancipación juvenil.
El objetivo es que estos préstamos permitan afrontar precisamente ese desembolso inicial que dificulta el acceso a la propiedad incluso a personas con capacidad para asumir posteriormente las cuotas hipotecarias.
Deducciones fiscales para quienes viven de alquiler
Los inquilinos también podrán beneficiarse de nuevas ventajas fiscales.
El Gobierno contempla que puedan desgravarse en su declaración de la renta una parte del dinero destinado al alquiler de su vivienda.
El ejemplo utilizado por el Ejecutivo es el de una persona que abona un alquiler mensual de 800 euros. En ese supuesto, la deducción anual se aproximaría a los 1.000 euros.
Los pequeños propietarios también tendrán incentivos fiscales cuando pongan sus viviendas en alquiler a precios considerados asequibles.
Con estas medidas, el Gobierno pretende actuar simultáneamente sobre las dos partes del mercado: reducir parte del esfuerzo económico soportado por los inquilinos e incentivar a los propietarios para aumentar la oferta de alquiler asequible.
280 millones para construir viviendas más rápido
El segundo gran objetivo de las medidas aprobadas es incrementar la oferta.
El Ejecutivo destinará 280 millones de euros en avales para fomentar la construcción industrializada de viviendas, un sistema con el que pretende reducir los plazos necesarios para levantar nuevos inmuebles.
La estrategia parte de la necesidad de incrementar con mayor rapidez el número de viviendas disponibles ante el desequilibrio existente en determinadas zonas entre oferta y demanda.
A esta cantidad se sumarán 400 millones de euros para ayudar a los proveedores de vivienda social.
La entidad pública Casa 47 tendrá igualmente un papel dentro de la estrategia. El Gobierno prevé que adquiera miles de inmuebles procedentes de la Seguridad Social para destinarlos a facilitar el acceso a la vivienda de los colectivos con mayores dificultades.
Prórrogas de hasta dos años para determinados contratos de alquiler
El tercer bloque de actuaciones pretende proporcionar una mayor estabilidad a inquilinos y pequeños propietarios.
Uno de los reales decretos establece la posibilidad de prorrogar hasta dos años determinados contratos de alquiler cuando los inquilinos se encuentren al corriente de sus pagos, además de introducir límites a las subidas de las rentas.
El otro decreto contempla la prórroga automática de los contratos cuando lleguen a su vencimiento, aunque establece determinados supuestos en los que no se aplicaría.
El propio Pedro Sánchez ha reconocido que actualmente no existe una mayoría parlamentaria suficiente para convalidar esta segunda norma.
Por ese motivo, no entrará en vigor al mismo tiempo que el primer decreto. Su aplicación dependerá de que consiga posteriormente el respaldo de la Diputación Permanente.
Protección para personas vulnerables y garantías para pequeños propietarios
Las medidas incorporan también mecanismos destinados a proteger a las personas vulnerables que no dispongan de una alternativa habitacional.
El Gobierno sostiene que esta protección no debe trasladar toda la responsabilidad a los pequeños propietarios y plantea garantías adicionales para estos últimos.
Sánchez ha defendido la necesidad de establecer reglas claras para todas las partes, tanto sobre la duración y renovación de los contratos como sobre las circunstancias en las que un propietario puede recuperar su inmueble.
El Ejecutivo considera que los pequeños propietarios tienen un papel relevante para aumentar la oferta disponible y pretende diferenciar su situación de la de los grandes operadores inmobiliarios.
Límites a los fondos buitre y cambios para las Socimi
El cuarto gran bloque del paquete se dirige a combatir la especulación inmobiliaria y regular determinadas modalidades de alquiler.
Los decretos introducen limitaciones a la compra de vivienda por parte de los denominados fondos buitre.
También vinculan los beneficios fiscales de las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (Socimi) al alquiler asequible.
El Gobierno pretende así condicionar las ventajas tributarias de estas sociedades a su contribución al mercado residencial asequible.
Las nuevas normas también incorporan actuaciones sobre los alquileres de temporada y de habitaciones, dos modalidades que han ganado peso durante los últimos años.
Los pisos turísticos deberán tributar como actividad económica
Otra de las medidas afecta a las viviendas destinadas al alquiler turístico.
El Ejecutivo plantea que estos inmuebles tengan una tributación acorde con la actividad económica que desarrollan. Sánchez resumió esta medida señalando que los pisos turísticos deberán “tributar como lo que son, un negocio”.
El Gobierno enmarca esta actuación dentro de su estrategia para reducir los incentivos que favorecen el desplazamiento de viviendas desde el mercado residencial hacia otros usos.
El objetivo declarado del conjunto de medidas es actuar sobre diferentes elementos del mercado de forma simultánea: oferta, alquiler, compra, protección social y fiscalidad.
Los decretos llegan después de la derrota parlamentaria del Gobierno
Las medidas aprobadas este 6 de octubre mantienen buena parte de la estructura de los dos reales decretos ley aprobados inicialmente el 29 de septiembre, que posteriormente decayeron al no conseguir la convalidación del Congreso.
Aquella derrota parlamentaria terminó teniendo importantes consecuencias políticas y precedió a la decisión de Pedro Sánchez de disolver las Cortes y convocar elecciones generales para el 29 de noviembre de 2026.
El Ejecutivo ha decidido ahora recuperar el núcleo de aquellas iniciativas e incorporar nuevas medidas.
Sánchez ha asegurado que el paquete es resultado de meses de análisis y conversaciones con organizaciones sociales, representantes del sector inmobiliario, asociaciones de propietarios e inquilinos y grupos parlamentarios.
El presidente sostiene además que las medidas benefician tanto a pequeños propietarios como a inquilinos y ha defendido una mayor regulación del mercado inmobiliario.
La Diputación Permanente tendrá ahora la última palabra
La disolución de las Cortes modifica sustancialmente el recorrido parlamentario de los dos decretos.
Al encontrarse ya disueltas las cámaras por la convocatoria de elecciones generales, será la Diputación Permanente del Congreso la encargada de pronunciarse sobre su convalidación.
Esta circunstancia será especialmente relevante para el decreto que establece la prórroga automática de determinados contratos de alquiler, ya que el propio presidente ha reconocido que actualmente no cuenta con apoyos suficientes para garantizar su aprobación.
El Gobierno vuelve así a colocar la vivienda en el centro del debate político a menos de dos meses de las elecciones generales, con un paquete de 21 medidas que incluye ayudas directas e incentivos fiscales, financiación para comprar la primera vivienda, construcción de nuevos inmuebles, protección a colectivos vulnerables y nuevas reglas para diferentes actores del mercado inmobiliario.
