UNIPROMEL exige una mesa de diálogo supervisada por la organización médica colegial para zanjar el conflicto con las aseguradoras
Ignacia Guerrero, presidente de la patronal de médicos privados UNIPROMEL, ha exigido una mesa de diálogo supervisada por la organización médica colegial para zanjar el conflicto del sector con las aseguradoras. «El actual modelo de nuestro sistema sanitario privado concertado está agotado, por culpa del divorcio entre los médicos y las compañías aseguradoras, que han buscado solo su beneficio sin aceptar ningún tipo de diálogo», indica.
Desde la Asamblea de la Vocalías de ejercicio libre celebrada con motivo del Congreso de Medicina privada de Sevilla en el otoño de 2019, en la que se decidió la constitución de la Asociación Unión Medica Profesional, UNIPROMEL, la asociación reclama una negociación con las aseguradoras, «que se han apropiado de nuestro sector y han secuestrado a nuestros clientes potenciales mediante la oferta de servicios médicos». «La comercialización de seguros de salud ha pervertido la relación Médico-Paciente libre sometiendo a ambos al poder económico de las compañías, que se han convertido en los administradores exclusivos imponiendo sus leoninas condiciones», según afirma UNIPROMEL.
La organización laboral explica que hace ya 12 años de la renovación de la infraestructura hospitalaria privada, necesaria en su momento pero que, «en vez de ponerse al servicio de médicos y pacientes, aprovechó su posición de fuerza y estableció su propia oferta de servicios médicos, compitiendo de forma desleal con los que deberían ser sus clientes, los médicos, y se apropiaron también de nuestros pacientes». Este entramado de intereses donde conviven las aseguradoras con su patronal UNESPA y los Hospitales con la suya, Aspe, exigía la creación de una patronal de los médicos, que defendiese los intereses de los médicos y pacientes, como es UNIPROMEL.
Así mismo, la patronal médica afirma que estos actores económicos no la ven como un agente necesario para negociar la reforma del modelo, sino que «se han empeñado en que no tengamos éxito para continuar con su política de dominio del sector, sin contar ni con los médicos ni con los pacientes, actores necesarios y principales que ven como las únicas mesas donde se decide el futuro del sector son las de UNESPA y Aspe o la mucho más explícita de la Fundación IDIS».
«Las compañías aseguradoras no quieren darse cuenta de que la imposición de unos baremos abusivos a los médicos va a traer como consecuencia el tsunami médico. El tsunami del abandono y denuncia masiva de contratos que derribará el actual modelo y pondrá en su sitio a cada actor. El nuevo arquetipo consistirá en que los médicos y los pacientes libres tendrán una relación directa, acordarán el precio de la atención sanitaria y las aseguradoras abonarán los gastos derivados y pactarán con los hospitales, probablemente, una cartera de servicios asistenciales, dejando al margen los honorarios médicos», prevé la asociación de médicos.
Si las aseguradoras tensan la relación entre médicos y hospitales imponiendo sus condiciones, el desenlace será la intervención de la Inspección Laboral por situaciones de autónomos falsos y dependientes; la de Hacienda por la desviación de rendimientos profesionales a empresariales y de la inspección de Sanidad, por la obligación de cumplir con los ratios exigidos a los centros públicos y el endurecimiento de las autorizaciones de funcionamiento.
Para superar este bloqueo en las relaciones, UNIPROMEL insiste en la creación de una gran mesa de diálogo con la supervisión de la OMC y de los organismos públicos reguladores, «donde los actores reconozcan su independencia y respeten la soberanía del otro, sin invadirlo ni dominarlo, un nuevo patrón que debe respetar por encima de todo la relación Médico-Paciente, sometida a las normas de transparencia y de buenas prácticas». De no ser así, la patronal médica pronostica un abandono masivo de los cuadros médicos y pago directo del paciente con posterior reembolso de gastos por parte de la compañía, con cientos de miles de reclamaciones en la Dirección General de seguros y en la autoridad de consumo, resultando a su vez en miles de procedimientos monitorios en los juzgados.
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