El Gobierno impulsa la empleabilidad, la economía social y el cooperativismo
El Consejo de Ministros ha aprobado la distribución entre las comunidades autónomas de 2.903 millones de euros para políticas activas de empleo. Estos fondos se financian a cargo de los presupuestos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Yolanda Díaz ha recordado que la creación de empleo está en el centro de las políticas públicas del Gobierno y ha apuntado que en ejercicios anteriores las políticas activas se han dirigido a la contratación de jóvenes en actividades dirigidas a la información, la digitalización y la defensa. En esta ocasión, ha avanzado, se centran en la empleabilidad de uno de los colectivos que tiene mayor relevancia por su número y por el drama social que padece: los parados de larga duración. Hay 1,2 millones de personas con más de 45 años en esta situación.
La vicepresidenta segunda ha animado a las comunidades autónomas y a los empresarios a que contraten a parados mayores de 45 años: «Las empresas no pueden prescindir del talento de las personas que se encuentran en lo mejor de su carrera profesional».
Ley de Economía Social y Estrategia Española de Economía Social
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros | Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa
El Gobierno ha analizado el anteproyecto de Ley Integral de la Economía Social, así como la Estrategia Española de la Economía Social 2023-2027, que impulsan, visibilizan y consolidan un modelo productivo formado por 43.000 empresas, que generan casi 2,2 millones de empleos, según ha remarcado la portavoz.
Isabel Rodríguez ha destacado que la futura Ley de Economía Social está muy vinculada al Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de la Economía Social y de los Cuidados. «Los actores de la economía social representan un total del 10% del Producto Interior Bruto (PIB) en España y contribuyen a generar un 12,5 % de empleo», ha dicho.
Por su parte, Yolanda Díaz ha resaltado que España se coloca a la vanguardia de la economía social no solo en la Unión Europea, sino en el ámbito mundial. Una economía que ha calificado de «solidaria, feminista, que genera arraigo en los territorios y es especialmente resiliente».
Novedades en la Ley de Cooperativas
La Ley Integral de la Economía Social actualiza la vigente Ley de Cooperativas, al modernizar el funcionamiento de sus órganos societarios y el proceso de participación mediante la implantación del voto digital.
Yolanda Díaz ha subrayado que las cooperativas se feminizarán gracias a la creación de la Comisión de Igualdad y a que tendrán que disponer de planes de igualdad como sucede en las empresas ordinarias con carácter obligatorio.
Mejoras en las empresas de inserción
La vicepresidenta segunda ha avanzado que la norma cambia el concepto de empresa de inserción, como empresa ideada para personas en situación de vulnerabilidad o exclusión social, y pone el foco en los factores que determinan ese estado.
«Actualizamos las empresas de inserción y las acomodamos a los estándares de la reforma laboral. Entendemos que las personas en riesgo de excusión social tienen que transitar hacia el empleo ordinario y hacemos una modalidad contractual que se llama Transición al Empleo Ordinario», ha precisado.
Estrategia Española de Economía Social
Por otra parte, la Estrategia Española de Economía Social es una hoja de ruta que promueve la visibilidad y la internacionalización de un modelo productivo del que España es referente a nivel internacional.
Contempla actuaciones para promover la creación de plataformas colaborativas, apoyar el emprendimiento colectivo en zonas rurales y respaldar la integración de las mujeres en situación o riesgo de vulnerabilidad.
Reguladas las Enseñanzas Artísticas
La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa
El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley de Enseñanzas Artísticas, que regula las enseñanzas artísticas superiores y establece la organización y las equivalencias de las enseñanzas artísticas profesionales. «La formación artística de calidad es un pilar fundamental en el progreso de una sociedad creativa, innovadora, flexible, preparada para afrontar los retos y desafíos del futuro», ha señalado la portavoz del Gobierno.
Por su parte, la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha destacado que desde hacía treinta años no se aprobaba una legislación básica que englobara todas las enseñanzas artísticas. La nueva ley -ha afirmado- cuenta con el respaldo mayoritario del sector, que incluye a 141.000 estudiantes, 14.000 profesores y profesoras y 690 centros.
Los alumnos figuran entre los beneficiarios de la norma, en aspectos como las becas: si hasta ahora eran considerados como estudiantes de Bachillerato, una vez aprobada la norma serán tratados como si fuesen universitarios. Además, la ley establece fórmulas de carácter dual: los jóvenes que cursen cualquier grado superior de Enseñanzas Artísticas podrán realizar prácticas en empresas o entidades públicas a través de un convenio con un gobierno autonómico o el Ministerio de Cultura.
En cuanto al profesorado, Pilar Alegría ha sostenido que la ley permite una ordenación más clara y posibilita la promoción profesional.
Homologación de títulos y acreditación de competencias
Los títulos y su homologación constituyen otra novedad importante. Quienes posean un grado superior de Enseñanzas Artísticas ya no tendrán que aportar un documento expedido por la Administración autonómica correspondiente para poder trabajar en otro país del espacio europeo, ya que el título tendrá pleno reconocimiento en el Espacio Europeo de la Educación Superior.
Además, el texto crea una nueva formación, la Enseñanza de Artes Audiovisuales, y abre la posibilidad de reconocer la experiencia de los profesionales sin titulación a través de la acreditación de competencias, mejorando así sus expectativas laborales.
«En definitiva, aprobamos una ley que no solamente reconoce, dignifica y mejora las propias enseñanzas artísticas, que son tan importantes en nuestro país, sino que cierra un círculo estratégico», ha defendido Alegría, en referencia a las leyes de Educación, de Formación Profesional, de la Ciencia y de las Enseñanzas Universitarias. «Una apuesta clara por esa transformación y modernización del sistema educativo y científico», ha asegurado.
Calendario de aplicación de la Formación Profesional
También en el ámbito del departamento de Pilar Alegría, el Gobierno ha aprobado el calendario de aplicación de la Ley de Formación Profesional que se aprobó en marzo del año 2022. La ministra ha subrayado el «apoyo amplísimo tanto político como social» con que nació esa norma y el «acuerdo generalizado» que se ha logrado ahora con las administraciones autonómicas para su despliegue. La puesta en marcha de los distintos grados de Formación Profesional, tanto elemental como medio y superior, y de los másteres empezará en el curso 2023-2024 y culminará en el 2025-26.
La ministra ha afirmado que la Formación Profesional es una «apuesta estratégica» del Gobierno, como demuestra que, por segundo año consecutivo, más de 1,1 millones de jóvenes están cursando estas enseñanzas, un 23,4% más que en el curso 2019-2020. Alegría también ha destacado el compromiso del Ejecutivo para financiar nuevas plazas de FP a las comunidades autónomas; en este momento ya se han alcanzado las 210.000, y la previsión es superar las 300.000 plazas financiadas en el año 2024.
Además, se han puesto en marcha 23 nuevas titulaciones, como la robótica industrial o las relacionadas con el medio ambiente y la sostenibilidad, «que están dando una empleabilidad del 100% a los jóvenes», ha apuntado la titular de Educación.
Nuevos fondos para la digitalización de la justicia
El Consejo de Ministros ha destinado casi 100 millones de euros a la digitalización de la justicia. Los fondos, procedentes del Plan del Recuperación, Transformación y Resiliencia, permitirán mejorar la administración de justicia y, especialmente, el acceso de la ciudadanía a la justicia española.
La inversión se va a distribuir en tres lotes distintos de contratos de 36 meses y se enmarcan en el Plan Justicia 2030.
Aumento de la actividad consular
La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa
El Gabinete ha abordado el balance de la actividad consular durante 2022, un año en el que los consulados españoles en el exterior atendieron 7.200 casos de emergencias colectivas e individuales, prácticamente el doble que en 2021. La portavoz del Gobierno ha indicado que esos números reflejan la recuperación de los viajes tras las restricciones de movilidad impuestas por la pandemia.
En ese balance, destacan la evacuación de 142 españoles durante los primeros días de la guerra de Ucrania y los dos operativos que permitieron trasladar el año pasado a 357 afganos y afganos a España.
Isabel Rodríguez ha explicado que las 179 oficinas consulares atienden diariamente a los cerca de tres millones de españoles que viven en el exterior. Además, en 2022 han incorporado nuevos servicios, como los relativos a la eliminación del voto rogado o la Ley de Memoria Histórica.
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