El Gobierno concede ayudas de 74 millones de euros a proyectos de hidrógeno renovable
El Consejo de Ministros ha destinado 74 millones de euros a cuatro proyectos de hidrógeno renovable pertenecientes a las empresas H2B2, Nordex, SENER e IVECO, que se ubican en diferentes localizaciones de Andalucía, País Vasco, Navarra, Asturias, Castilla y León, Cataluña y la Comunidad de Madrid.
La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha explicado que estos cuatro proyectos recibirán esta subvención nominativa estatal para complementar la financiación que les aportará la Comisión Europea, que ya los ha seleccionado como parte del Proyecto Importante de Interés Común Europeo (IPCEI) para la investigación y la industria del hidrógeno renovable. En total, se movilizará una inversión de más de 245 millones.
El hidrógeno renovable se considera esencial para la descarbonización de la economía y alcanzar los objetivos fijados de neutralidad climáticos, por lo que está adquiriendo un peso muy importante en el nuevo modelo energético a nivel mundial. «Es una gran oportunidad también para la innovación, el empleo y la modernización del tejido productivo», ha subrayado Ribera.
España, a la cabeza en el hidrógeno verde
Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa
La vicepresidenta ha afirmado que España está «a la cabeza» en esta carrera por la economía del hidrógeno, tanto por las capacidades profesionales e industriales como por la orientación de las políticas públicas: «Debemos sentirnos enormemente orgullosos».
En octubre de 2020 se aprobó la «Hoja de Ruta del Hidrógeno: una apuesta por el hidrógeno renovable» que fijaba para el año 2030 los objetivos de 4 gigavatios de potencia instalada de electrolizadores (el 10% del objetivo marcado por la Comisión Europea para el conjunto de la UE); un mínimo del 25% del consumo de hidrógeno por la industria de origen renovable, y la implantación de hidrogeneras, trenes y vehículos de transporte pesado propulsados por este vector renovable.
Un año después, en diciembre de 2021, se presentó el PERTE de energía renovables, hidrógeno y almacenamiento, que ya ha convocado ayudas por 400 millones de euros para proyectos pioneros y singulares de hidrógeno renovable y para la cadena de valor. «Se ha recibido una respuesta muy significativa que pone de manifiesto la madurez de nuestra cadena industrial», ha elogiado Ribera.
El mes pasado fue impulsado el proyecto de interconexión energética «H2Med», el primer gran corredor verde que conectará la Península Ibérica con el resto de Europa y que será capaz de transportar el 10% del consumo de hidrógeno de la Unión Europea para 2030.
Finalmente, los datos de la semana pasada de la Agencia Internacional de la Energía revelan que el 78% de las patentes de tecnologías de hidrógeno renovable están ubicadas en España y alrededor del 20% de las inversiones a nivel mundial ya tiene lugar en nuestro país.
Propuesta para la reforma del mercado eléctrico europeo
El Gobierno remitirá a la Comisión Europea su propuesta para la reforma del mercado eléctrico europeo, de modo que pueda tenerla en consideración antes de que formule la suya propia en el mes de marzo: «Tenemos la vocación de contribuir», ha afirmado Teresa Ribera.
Ribera ha considerado «imprescindible» actualizar la directiva de 1998 que regula el mercado interior de la electricidad y superar el modelo vigente, «que no está en condiciones de afrontar situaciones de estrés como las actuales ni probablemente sea idóneo para el futuro sistema energético».
La vicepresidenta ha reiterado que los objetivos del Gobierno, a nivel doméstico pero también europeo, son ofrecer seguridad energética a los consumidores y a precios razonables -«beneficiándose del menor coste de la energía del presente y del futuro que representan las renovables»-, dar estabilidad a los inversores y ser atractivos para las nuevas formas de energía y para la industria y los servicios asociados a esa transformación energética.
La propuesta del Ejecutivo se dirige a establecer un sistema asequible y flexible pero seguro. Para ello, plantea ofrecer contratos a plazo de energía, para que el sistema eléctrico pueda beneficiarse de la estabilidad en los precios y que eso redunde en precios medios más bajos en el corto plazo, y que se establezca un servicio de almacenamiento suficiente para aquellos momentos en los que las energías renovables no funcionen al 100%.
Ribera ha explicado que, puesto que la reforma que se está diseñando en Europa es estructural y requerirá un proceso largo, también se ha incluido la solicitud para que, entretanto, se permita prorrogar a España y Portugal la solución ibérica que ha permitido ahorrar hasta la fecha 4.500 millones de euros en la factura energética.
Rediseño del sistema de incentivos a la contratación
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El Ejecutivo ha rediseñado el sistema de incentivos a la contratación para mejorar su eficacia, fomentar el empleo de calidad y promocionar la contratación de personas desempleadas, en especial de las más vulnerables o con bajo nivel de empleabilidad.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Diaz, ha destacado que la reforma cumple los compromisos de España con la Comisión Europea y atiende a las recomendaciones del Pacto de Toledo y de diversos organismos públicos y privados. Además, responde a la necesidad de unificar la normativa sobre esta materia.
Yolanda Díaz ha resaltado que el objetivo del Gobierno es que toda la contratación tenga carácter indefinido: «Todo el sistema de incentivos y bonificaciones se va a dirigir al espíritu de la reforma laboral, que es la estabilidad en el empleo».
No habrá ninguna bonificación a la contratación temporal, excepto en el supuesto del contrato de sustitución.
Asimismo, la vicepresidenta ha incidido en que «no se trata de abaratar los costes laborales, sino de mejorar la empleabilidad en colectivos que sabemos de antemano que tienen enormes dificultades para poder acceder a ella». En este sentido, ha subrayado que, por primera vez, las personas con discapacidad intelectual límite y otros trastornos de salud mental se incluyen entre los colectivos de atención preferente, entre los que también figuran los mayores de 45 años parados de larga duración.
Las víctimas de violencia de género o de violencias sexuales mantendrán las bonificaciones y se incentivan los contratos vinculados a la conciliación durante toda su duración.
Nuevas bonificaciones
Yolanda Díaz ha explicado que se bonifica, con 275 euros durante tres años, la contratación indefinida de personas menores de 30 años que no tengan ningún tipo de cualificación. Además, se fomentará el contracto en prácticas y se permitirá la capitalización de la prestación pública por desempleo para fomentar el cooperativismo.
La vicepresidenta también ha resaltado que se promoverá la transformación de los eventuales en la agricultura en fijos discontinuos ordinarios y que se reforzará la negociación colectiva en materia de empleo. El fin es que las empresas también negocien sobre los incentivos que deben tener cada una de las realidades mercantiles.
Los empresarios que reciban incentivos tendrán la obligación de mantener al trabajador empleado durante, al menos, tres años desde el inicio del contrato incentivado.
La norma entrará en vigor en el mes de septiembre, según ha adelantado la vicepresidenta segunda, y el modelo se someterá a un proceso de evaluación permanente: «Vamos a un sistema lineal y absolutamente transparente».
Primera prestación especial por desempleo para los artistas
El Consejo de Ministros ha aprobado una prestación especial por desempleo para los trabajadores del sector cultural y artístico, a la que podrán acceder también los técnicos y auxiliares del sector.
Yolanda Díaz ha explicado que para beneficiarse de ella estos trabajadores deberán acreditar 60 días de cotización por prestación real de servicios en la actividad artística en los últimos 18 meses. O bien, acreditar 180 días de alta en la Seguridad Social por prestación real de servicios o regularizaciones anuales ya efectuadas en los 6 años anteriores a la situación legal de desempleo.
Los trabajadores tendrán derecho a una prestación que, en función de sus cotizaciones, supondrá entre el 80% y el 100% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).
La vicepresidenta también ha señalado que el cien por cien de la pensión de jubilación será compatible con la actividad artística: «El Gobierno entiende que la gente de la cultura debe seguir contribuyendo a su país, aunque esté jubilada».
Los artistas autónomos que tengan ingresos iguales o inferiores a los 3.000 euros anuales tendrán un régimen de cotización reducido. En el año 2023, se fija una base de cotización de 526,14 euros, que supone una cuota mensual de 161 euros.
Por otra parte, el Ejecutivo ha acordado crear dos grupos de trabajo. El primero, estudiará medidas de reconocimiento de la intermitencia en el ámbito laboral y de la Seguridad Social del colectivo. El segundo, impulsará la evaluación y reconocimiento de determinas enfermedades profesionales derivadas de las actividades específicas en el sector cultural.
Yolanda Díaz ha recordado que la creación de esta prestación especial es una reivindicación histórica del sector cultural con la que el Gobierno está comprometido. También ha apuntado que la norma fue negociada dentro del diálogo social y con el propio sector. Ha reconocido que la negociación fue compleja y ha agradecido al ministro de Cultura, Miquel Iceta, y a todos los que han participado en ella su esfuerzo por alcanzar un consenso.
Con las medidas aprobadas hoy en relación con el sector cultural se avanza en el desarrollo del Estatuto del Artista, en el que están implicados ocho ministerios.
Comisionados para los PERTES Agroalimentario y de Descarbonización Industrial
Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa
La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha informado de los nombramientos de Jordi Carbonell como comisionado para el PERTE Agroalimentario, y de Luis Colunga como comisionado para el PERTE de Descarbonización Industrial.
El objetivo de estos nombramientos es reforzar el despliegue de estos Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica que movilizarán 3.610 millones de euros de inversión pública, ha destacado Rodríguez.
Y vasca
El Consejo de Ministros ha autorizado destinar 10,2 millones de euros adicionales para a la línea de alta velocidad conocida como Y vasca.
Rodríguez ha destacado la importancia de esta infraestructura para el País Vasco y para el conjunto de España.
Objetivos para 2023
Durante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Isabel Rodríguez ha afirmado que el Gobierno seguirá atendiendo lo urgente, fundamentalmente las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania, sin perder de vista el proyecto de país definido al comienzo de la legislatura.
La portavoz ha trasladado que los objetivos son que España siga avanzando y extender el escudo social para amortiguar los efectos de la crisis, dado que los datos con los que finalizó 2022 son un acicate para ello: 20 millones de ocupados; descenso del desempleo; consolidación del crecimiento económico por encima de nuestro entorno, rebaja en 5 puntos de la inflación y ahorro de 4.500 millones de euros gracias a la solución ibérica y al tope en el gas.
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